El Gobierno evalúa achicar la estructura de la Cámara Federal de Casación Penal

El Gobierno analiza reducir los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal cancelando la cobertura de sus vacantes. El objetivo es reasignar esos fondos a juzgados provinciales, en medio de la posible anulación del concurso de selección.

Comodoro Py. Foto: Web

El Poder Ejecutivo analiza una reforma organizativa en el máximo tribunal penal de la Nación que implicaría congelar de forma permanente los puestos actualmente desocupados. En lugar de avanzar con la cobertura de los cuatro lugares vacantes dentro de la Cámara de Casación, las autoridades ministeriales barajan modificar la ley orgánica para recortar la nómina total de vocales, reasignando esa partida presupuestaria al fortalecimiento de los tribunales con jurisdicción en zonas limítrofes abocados al combate del crimen organizado.

Esta iniciativa se alinea con la postura de algunos integrantes del propio cuerpo judicial que consideran suficiente el número actual de jueces para atender la demanda de expedientes. La alta jerarquía de este fuero radica en que funciona como la instancia decisiva previa al máximo tribunal del país, revisando sentencias en causas complejas como malversación de fondos públicos, trata de personas y narcotráfico, además de fijar pautas operativas sobre prisiones preventivas y decomiso de bienes.

El plan oficial para recortar la plantilla de magistrados coincide con la paralización del trámite de selección en el Consejo de la Magistratura, un proceso iniciado hace un lustro que buscaba confeccionar las ternas para cubrir tres de las vacantes. La lista provisional de mérito —encabezada por magistrados del fuero ordinario y federal— enfrenta severas objeciones tras haber recibido decenas de impugnaciones por parte de los propios participantes.

La resolución del concurso se volvió más compleja tras la solicitud de los representantes del oficialismo para convocar a expertos independientes que efectúen una auditoría integral sobre las evaluaciones escritas. Diversos sectores del organismo que designa jueces advierten que una revisión generalizada de los exámenes, en lugar de atender reclamos puntuales, podría derivar en la anulación completa de un trámite que demandó años de evaluación de antecedentes y entrevistas personales.

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