Tras la controversia viral surgida por el Mundial, el oficialismo analiza proyectos para arancelar la salud y la universidad pública a residentes no permanentes. La propuesta surge tras una iniciativa bonaerense y reflota el debate sobre el financiamiento estatal.
En medio de la polémica desatada en redes sociales tras la final de la Copa del Mundo, el Gobierno nacional evalúa impulsar iniciativas legislativas para arancelar la atención médica y los estudios universitarios a extranjeros sin residencia permanente. La posibilidad cobró fuerza luego de que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentara un proyecto con el mismo espíritu en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
Puntos clave sobre la propuesta de arancelamiento:
Proyecto espejo: LLA en la Legislatura bonaerense impulsó la iniciativa tras los cruces en redes.
Salud y universidad: afectaría a ciudadanos extranjeros sin residencia permanente en el país.
Decreto vigente: el Gobierno recordó que las universidades ya tienen la potestad legal de cobrar.
Atención de urgencia: la propuesta bonaerense garantiza la asistencia médica ante emergencias sanitarias.
El debate resurgió impulsado por referentes del oficialismo en respuesta a las críticas internacionales recibidas por el país. Fuentes del bloque parlamentario libertario confirmaron que se contempla replicar a nivel nacional el texto ingresado en el ámbito bonaerense por el diputado Agustín Romo, analizando si el proyecto definitivo será presentado por legisladores o enviado directamente por el Poder Ejecutivo.
La propuesta original presentada en la provincia de Buenos Aires cuenta con el respaldo de doce diputados de LLA y del Pro. El texto contempla establecer un régimen de arancelamiento para prestaciones de salud en centros públicos provinciales y cobros por carreras de grado en universidades públicas a extranjeros no residentes. No obstante, la norma aclara expresamente que ninguna persona podrá ser rechazada ni demorada en situaciones de urgencia médica.
Al fundamentar la medida, Romo argumentó que los contribuyentes locales no deben financiar servicios esenciales a ciudadanos de otros países que no tributan en el territorio. Desde la conducción del bloque oficialista bonaerense remarcaron que el objetivo central de la iniciativa busca ordenar los recursos públicos y priorizar la inversión presupuestaria en la infraestructura hospitalaria y el equipamiento de las facultades locales.
En el ámbito educativo, funcionarios nacionales recordaron que el marco legal para el cobro universitario ya se encuentra vigente. Mediante el Decreto 366/2025, firmado en mayo del año pasado, el Poder Ejecutivo modificó la Ley de Educación Superior permitiendo a las casas de altos estudios fijar retribuciones a estudiantes que no posean residencia permanente. Sin embargo, la aplicación efectiva depende de la decisión autónoma de cada institución.
Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias y sectores libertarios señalaron que las casas de estudio evitan aplicar los aranceles habilitados mientras reclaman mayores fondos al Estado nacional. Dirigentes como Patricia Bullrich reinforced esta postura al cuestionar la gratuidad irrestricta para estudiantes internacionales no residentes en momentos de restricción presupuestaria.
No obstante, la iniciativa cosechó miradas críticas dentro de los propios sectores aliados. Legisladores del Pro advirtieron sobre la conveniencia de no legislar en respuesta a disputas coyunturales de redes sociales, señalando que el debate sobre el financiamiento universitario requiere un análisis calmo y desprovisto de pasiones de momento. En paralelo, el presidente Javier Milei respaldó los cuestionamientos sobre las campañas internacionales contra el país.
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