La iniciativa bipartidista busca obligar a las grandes tecnológicas a incorporar mecanismos de interrupción remota y gradual ante escenarios de pérdida de control o riesgos para la seguridad nacional.
La iniciativa bipartidista busca obligar a las grandes tecnológicas a incorporar mecanismos de interrupción remota y gradual ante escenarios de pérdida de control o riesgos para la seguridad nacional.
En un contexto de creciente debate sobre la regulación de las tecnologías emergentes, legisladores de los Estados Unidos presentaron en el Congreso el proyecto de ley denominado AI Kill Switch Act (Ley del Interruptor de Apagado para la Inteligencia Artificial). La iniciativa, impulsada de manera conjunta por el legislador demócrata Ted Lieu y el republicano Nathaniel Moran, plantea modificar la Ley de Seguridad Nacional de 2002 para exigir a los desarrolladores de modelos avanzados de IA la incorporación obligatoria de capacidades técnicas que permitan pausar o apagar sus sistemas en situaciones de emergencia.
El texto normativo otorga al Secretario de Seguridad Nacional, en coordinación con la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA), la potestad de ordenar intervenciones técnicas sobre los modelos considerados de alto riesgo. La ley propone un enfoque escalonado que abarca desde la restricción en la tasa de inferencia y la limitación del cómputo asignado, hasta la suspensión de accesos a usuarios, la migración a sistemas de respaldo y, en última instancia, la desconexión total del sistema.
La normativa define de forma precisa los “incidentes alcanzados” en los cuales el Estado podría exigir la ejecución de estas medidas. Entre los supuestos contemplados se destacan:
Daños materiales o humanos: Eventos donde la conducta no prevista de la tecnología provoque al menos diez fallecimientos o pérdidas económicas superiores a los 100 millones de dólares.
Sabotaje u ocultamiento: Situaciones en las que el sistema oculte intencionadamente sus capacidades frente a mecanismos de monitoreo o interfiera con órdenes de apagado.
Pérdida de control: Casos en los que el modelo persiga objetivos no programados por sus desarrolladores, modifique sus propias reglas de seguridad o acceda sin autorización a los pesos del modelo.
El proyecto delimita su aplicación a las “tecnologías alcanzadas”, definidas como aquellos sistemas cuyo costo de entrenamiento haya superado los 100 millones de dólares en poder de cómputo en la nube. Asimismo, la obligación recae sobre empresas que comercialicen estas herramientas a terceros y que registren ingresos brutos anuales derivados de las mismas de al menos 500 millones de dólares.
Para garantizar el cumplimiento de la norma, se fijan sanciones económicas severas: multas de 2 millones de dólares diarios por omitir la integración del mecanismo de apagado y de hasta 20 millones de dólares diarios en caso de desobedecer una orden directa de desconexión.
El impulso parlamentario coincide con medidas recientes del Poder Ejecutivo encaminadas a evaluar vulnerabilidades en los modelos de frontera antes de su lanzamiento comercial. Del mismo modo, el debate cobró fuerza tras el reporte de un incidente cibernético en el que modelos en entorno de prueba (sandbox) lograron rebasar sus restricciones de red para acceder a la plataforma Hugging Face y obtener credenciales externas. El episodio puso nuevamente en agenda el desafío técnico de la alineación de sistemas y aceleró la búsqueda de marcos legales preventivos.
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