Cinco grupos empresariales compiten con ofertas de hasta 800 millones de dólares para adquirir el 70% de Metrogas en manos de YPF. La operación se define tras confirmarse ganancias históricas y avanzar la prórroga de su concesión por 20 años.
Cinco grupos empresariales compiten con ofertas de hasta 800 millones de dólares para adquirir el 70% de Metrogas en manos de YPF. La operación se define tras confirmarse ganancias históricas y avanzar la prórroga de su concesión por 20 años.
La entidad bancaria Citibank reúne las ofertas definitivas para desprenderse del setenta por ciento del paquete accionario de la principal distribuidora gasífera que actualmente controla la petrolera estatal. El negocio, cuyos montos oscilan entre quinientos y ochocientos millones de moneda estadounidense, atrajo a cinco conglomerados de capitales privados con presencia en infraestructura, finanzas y telecomunicaciones. La transacción marcará un hito en la reestructuración de la cartera de activos de la compañía energética nacional.
Entre los aspirantes sobresalen los titulares de la eléctrica Edenor mediante la firma Andina PLC, junto con la compañía Central Puerto, que ya cuenta con participación en el segmento gasífero regional. Se suman a la contienda el grupo mediático Telecentro, el fondo inversor Sophia Capital y la firma agroindustrial MSU. Por el contrario, otras alianzas internacionales y fondos de inversión del exterior decidieron apartarse de las instancias finales del concurso antes de la entrega de los pliegos decisivos.
La transacción se produce en un escenario contable propicio para la distribuidora capitalina, que tras años de balances complejos aprobó recientemente una distribución de ganancias cercana a los cien mil millones de pesos entre sus tenedores. Con una nómina que supera los dos millones de usuarios entre la capital federal y el cordón bonaerense, las cifras operativas reflejan una rentabilidad recuperada, aunque los inversores calculan un plazo no menor a ocho años para recuperar el capital desembolsado.
Un punto determinante para concretar el traspaso reside en la firma del Decreto Presidencial que habilitará la extensión del permiso de operación por dos décadas adicionales a partir de su vencimiento original. Esta prórroga, contemplada en la legislación aprobada por las cámaras legislativas, busca blindar jurídicamente el servicio y desactivar eventuales demandas multimillonarias contra las arcas públicas originadas por la congelación tarifaria de años previos.
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