El régimen de Nicaragua inició una etapa de reventa y transferencia de propiedades confiscadas a opositores desterrados. Tras alterar los registros oficiales para borrar a los dueños originales, el Estado comercializa estos bienes, generando una futura e millonaria deuda indemnizatoria.
La estrategia de expropiación ejercida por el Poder Ejecutivo en Nicaragua ha evolucionado hacia una fase de comercialización y redistribución de activos. De acuerdo con un análisis difundido por France 24, los inmuebles sustraídos a dirigentes opositores, académicos, profesionales de la salud y comunicadores desplazados del territorio nacional no solo permanecen bajo tutela estatal, sino que están siendo transferidos a terceros, modificados estructuralmente o destinados a emprendimientos privados vinculados a sectores afines a la cúpula gobernante.
Este proceso de enajenación se apoya en modificaciones legislativas impulsadas por el oficialismo para despojar de la nacionalidad y de sus pertenencias a quienes son señalados por supuestas ofensas a la soberanía estatal. Para dificultar cualquier intento futuro de reclamo o restitución, los organismos oficiales han implementado un sistema de reordenamiento documental que reemplaza las matriculaciones tradicionales en los registros inmobiliarios por códigos institucionales internos, transfiriendo posteriormente los activos hacia dependencias como el ente de previsión social o ministerios públicos.
Investigaciones llevadas a cabo por observadores independientes estiman que las valuaciones de las propiedades afectadas superan cientos de millones de dólares, un escenario que revive los antecedentes de disputas dominiales registrados a finales del siglo pasado. Diversos analistas económicos y legales advierten que el enmascaramiento de la cadena de dominio mediante transacciones con organismos estatales complica la devolución física de los inmuebles a sus dueños originales, aunque deja asentada la responsabilidad financiera directa del Estado ante eventuales reclamos de indemnización internacional.
Mientras la narrativa oficial sostiene que los bienes decomisados se canalizan hacia programas de asistencia social y control territorial en zonas fronterizas, referentes de la sociedad civil en el exilio denuncian que la medida vulnera las garantías básicas de la propiedad privada y destruye el patrimonio intangible de las familias. El fenómeno no solo ahuyenta la inversión privada internacional, sino que prefigura un complejo conflicto legal y financiero que la nación centroamericana deberá saldar en sus presupuestos futuros.
Luego de los comicios legislativos en Estados Unidos, el riesgo país saltó a 852 puntos y marcó su mayor nivel del año, arrastrado por la caída de los bonos y la incertidumbre sobre el financiamiento que necesita el gobierno argentino.
La comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobó 71 ternas que involucran a 296 postulantes. La definición llega días antes del recambio del organismo y abarca juzgados federales, cámaras, tribunales orales, familia, civil y seguridad social.
Tras el respaldo unánime en Diputados, senadores de la Comisión de Deportes dictaminaron la norma que obligará a clubes y plazas de todo el país a sujetar arcos y postes, con el fin de evitar accidentes mortales.
Decretaron el secreto de sumario en la causa del triple crimen tras hallar un video en el celular de un acusado por narcotráfico. La filmación registra las agresiones previas contra las tres jóvenes en Florencio Varela.
Tras la brutal agresión de un grupo de ciclistas, mayoritariamente menores de edad, la fiscalía especializada actúa de oficio y busca testigos. Las víctimas y organizaciones exigieron respuestas ante la demora policial.
Este miércoles en la Casa Blanca, Donald Trump reconoció que el Partido Republicano perdió el control del Congreso debido al aumento del combustible provocado por la guerra contra Irán, aunque aseguró que volvería a ordenar la ofensiva militar.
Ante el acto convocado por ATE para este jueves, fuentes oficiales negaron el desfinanciamiento y el congelamiento de personal, defendieron las subas salariales y cuestionaron la representatividad del gremio dentro del hospital pediátrico.
La actriz declaró como testigo en el juicio contra el excirujano, acusado por lesiones graves a dos pacientes, entre ellas su amiga Sandra Domínguez. Relató la noche en que la vio al borde de la muerte y recordó a Silvina Luna.
