A diez años de la tragedia de Time Warp y frente al surgimiento de nuevos fenómenos clandestinos como las “propofest”, la persistencia del modelo punitivo demuestra que ignorar la realidad solo multiplica los riesgos.
A diez años de la tragedia de Time Warp y frente al surgimiento de nuevos fenómenos clandestinos como las “propofest”, la persistencia del modelo punitivo demuestra que ignorar la realidad solo multiplica los riesgos.
La causa por la tragedia de la Time Warp continúa como un símbolo amargo de impunidad. Sin embargo, más allá del paso del tiempo y la falta de respuestas judiciales definitivas, las fallas estructurales que provocaron la muerte de cinco jóvenes en 2016 siguen vigentes. La reciente reaparición de debates sobre el circuito clandestino de las llamadas “propofest” —tras la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar— volvió a poner bajo la lupa un patrón inalterable: la combinación de negligencia, descontrol y un Estado históricamente ausente.
Al cruzar ambos escenarios, las coincidencias resultan evidentes. Tanto en las fiestas masivas con sobreventa de entradas y cortes deliberados de agua potable, como en la sustracción de potentes sedantes de uso hospitalario (fentanilo y propofol), el factor común radica en prácticas riesgosas que se toleran en las sombras hasta que ocurre una fatalidad.
Según analiza Juan Martín Belvedere, integrante del Proyecto de Atención en Fiestas (PAF!) de la Asociación Civil Intercambios, existe además una marcada brecha en cómo la opinión pública y los medios abordan estos fenómenos. Mientras en la Time Warp el foco punitivo recayó de manera estigmatizante sobre las sustancias y los asistentes, en el caso de las “propofest” la cobertura tendió a construir un relato de derrumbe personal o delictual, desplazando la discusión sobre la salud pública.
En estos entornos clandestinos de sedación profunda surgió la figura del “cuidador”: una persona que no consume y se encarga de supervisar los signos vitales de los demás. Para los especialistas en Reducción de Riesgos y Daños (RR.DD.), este rol emula de manera precaria la lógica del cuidado comunitario. La gran diferencia es que, ante el vacío regulatorio, el acompañamiento y la prevención quedan relegados a la militancia voluntaria de organizaciones de la sociedad civil o a la decisión discrecional de productoras privadas.
El enfoque prohibicionista tradicional insiste en destinar recursos a perseguir al usuario, ignorando una premisa básica: el consumo existe. Cuando se desarrolla sin información, sin insumos mínimos y en la clandestinidad, los riesgos se multiplicaban de forma drástica.
Aplicar políticas de reducción de daños no implica promover el uso de sustancias, sino aceptar la realidad para minimizar sus consecuencias fatales. Acciones concretas y de bajo costo como garantizar el acceso gratuito y universal al agua potable, disponer de puestos de hidratación y descanso, brindar información clara sobre la composición de lo que se ingiere y coordinar dispositivos médicos capacitados marcan la diferencia entre un cuadro controlable y una emergencia grave.
La aprobación de normativas tras la tragedia de 2016 mejoró ciertos aspectos edilicios y de aforo en eventos masivos, pero evitó abordar la gestión integral de los consumos dentro de los recintos. El resultado es un esquema rígido que no evita la aparición de nuevas dinámicas de riesgo en la clandestinidad.
La persistencia de estos casos exige superar el estigma y abandonar la criminalización sistemática. Para evitar que la lista de tragedias siga aumentando en la impunidad, el Estado debe asumir un rol activo mediante políticas públicas de salud, concientización y asistencia temprana, garantizando que la prevención deje de ser un privilegio y pase a ser un derecho.
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