La medida responde al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y al cierre del 73 % de sus instalaciones hoteleras.
La medida responde al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y al cierre del 73 % de sus instalaciones hoteleras.
Ante un escenario económico sumamente complejo y el endurecimiento de las sanciones impuestas por la Casa Blanca, las autoridades de la isla oficializaron la participación de actores particulares en áreas que históricamente permanecieron bajo monopolio estatal. Tras el aval del cuerpo legislativo a una serie de reformas de mercado, el esquema de planificación centralizada cederá espacio en la gestión de estaciones de servicio, redes de distribución de medicamentos, residencias para adultos mayores e infraestructuras de transporte e hidrocarburos.
El paquete normativo busca dinamizar la maltrecha finanzas del país antillano mediante la atracción de fondos privados locales en rubros de vital importancia como las fuentes renovables de generación y la importación de automotores. La decisión responde al severo desabastecimiento de insumos básicos y a las recurrentes interrupciones en el suministro eléctrico que han impactado el cotidiano de la población durante los últimos meses.
En el marco de las deliberaciones parlamentarias, el Gabinete nacional transparentó el severo impacto del cerco petrolero y comercial norteamericano sobre el rubro hotelero, históricamente considerado la principal fuente de divisas para el erario público. La amenaza de represalias judiciales y administrativas provocó el cese de operaciones de siete consorcios extranjeros de gran envergadura, afectando casi a la mitad de las plazas de alojamiento del territorio nacional.
De acuerdo con las precisiones brindadas por la jefatura de Gobierno, cerca de tres cuartas partes de los establecimientos de hospedaje han suspendido sus actividades por falta de flujo de visitantes y limitaciones operativas. La inactividad de estos complejos compromete decenas de miles de empleos directos, acelerando la urgencia del Ejecutivo por habilitar nuevos actores comerciales que mitiguen el colapso de la actividad económica general.
La firma Bio4 invertirá 70 millones de dólares en Córdoba para aumentar su producción de bioetanol de maíz. La empresa busca aprovechar un nuevo marco normativo para elevar el corte de combustibles y desarrollar su biorrefinería.
A través del Decreto 687/2026, el Gobierno disolvió el Coro Nacional de Niños tras casi seis décadas de actividad. La Secretaría de Cultura busca reemplazar el elenco histórico por un programa federal de formación artística para niños y adolescentes.
Aníbal Fernández calificó de ineficaces las consignas del kirchnerismo por la libertad de Cristina Kirchner y pidió defenderla en tribunales. Además, posicionó a Axel Kicillof como candidato del peronismo y respaldó el equilibrio fiscal.
La UNAM evalúa anular o validar 158.000 exámenes de ingreso tras sospechas de fraude con inteligencia artificial. Mientras un comité de expertos define las medidas a tomar, los aspirantes protestan exigiendo certezas sobre el inicio de clases.
Según El País, Nayib Bukele oficializó su candidatura para un tercer mandato en El Salvador tras alterar los contrapesos institucionales. Mediante reformas constitucionales y la extensión del período presidencial, el mandatario consolida su permanencia en el poder.
La medida responde al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y al cierre del 73 % de sus instalaciones hoteleras.
El Gobierno argentino modificó por DNU la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso y revocar residencias a extranjeros que difundan mensajes de odio o dañen símbolos patrios. La medida responde a supuestas campañas difamatorias e incidentes diplomáticos internacionales.
Naciones Unidas alertó sobre el alarmante aumento de agresiones sexuales en Haití, con más de 5500 casos registrados en el primer semestre de 2026. Las bandas armadas perpetran la mayoría de los abusos, afectando principalmente a mujeres desplazadas.
