La Libertad Avanza busca aprobar en el Senado la Ley de Propiedad Privada para flexibilizar la compra de tierras por extranjeros. Pese a lograr acuerdos internos, enfrenta resistencias de senadores provinciales y aliados que ponen en duda la votación.
El Poder Ejecutivo atraviesa una prueba decisiva en la Cámara Alta con vistas al tratamiento del proyecto orientado a flexibilizar la adquisición de terrenos rurales por parte de capitales internacionales. Tras saldar divergencias entre la conducción de la bancada libertaria y áreas clave del Gabinete respecto a las modificaciones incorporadas al texto final, la bancada oficialista busca garantizar los consensos necesarios mediante encuentros previos con sectores aliados. Una particularidad institucional favorecerá la dinámica parlamentaria del bloque gubernamental, dado que la presidencia del debate quedará a cargo de la autoridad provisional del cuerpo debido a que la Vicepresidenta asumirá temporalmente la titularidad del Ejecutivo.
A pesar de los avances en la unificación del criterio propio, la iniciativa enfrenta la reticencia de legisladores alineados con administraciones provinciales del norte y del sur del país, quienes reciben condicionamientos locales en torno a la regulación de los recursos territoriales. Asimismo, representantes de espacios de la oposición dialoguista mantienen reservas sobre artículos específicos, sembrando dudas sobre el resultado final de la votación en la Cámara Alta.
En cuanto a la sustancia normativa, el texto prohíbe que Estados extranjeros o firmas con participación estatal de otros países adquieran inmuebles rurales, salvo que cuenten con la aprobación explícita de la jurisdicción provincial correspondiente y de la Nación. Muestra idéntico criterio para las compras en sectores limítrofes y fronterizos, incorporando además la supresión del silencio administrativo que autorizaba las operaciones automáticamente tras seis meses sin respuesta oficial.
Un altercado en la estación migratoria de Tapachula culminó con la intervención de fuerzas de seguridad y dos detenidos. Migrantes deportados desde Estados Unidos protestaron por las condiciones de encierro, mientras activistas denunciaron extorsiones y vulnerabilidad en la frontera mexicana.
El Gobierno de México respaldó una demanda judicial contra un centro de detención migratorio en California. La acción legal denuncia hacinamiento, comida en mal estado, falta de atención médica e imperioso uso de gas pimienta contra los reclusos.
El Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios de agosto, con subas promedio del 2,99% en gas y 1,8% en luz para el AMBA. Mantendrá el esquema de subsidios focalizados y la bonificación invernal sobre los consumos básicos residenciales.
El alcalde neoyorquino Zohran Mamdani y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez consolidaron una alianza para impulsar la agenda socialista en EE. UU. Tras impulsar medidas sociales y victorias electorales, ambos líderes desafían al sector tradicional demócrata y proyectan su influencia nacional.
La Libertad Avanza busca aprobar en el Senado la Ley de Propiedad Privada para flexibilizar la compra de tierras por extranjeros. Pese a lograr acuerdos internos, enfrenta resistencias de senadores provinciales y aliados que ponen en duda la votación.
El juicio a Justo Barrientos por el triple lesbicidio de Barracas se reanuda tras la feria. El proceso juzga el ataque incendiario contra cuatro mujeres y busca un fallo histórico que sancione los crímenes por odio a la orientación sexual.
La autopsia inicial de Mailén reveló que falleció por una hemorragia severa provocada por una puñalada en el cuello, sin signos de abuso sexual. Por el crimen en Mar del Plata hay dos serenos detenidos y sospechas sobre un remisero.
El Gobierno fiscalizará escuelas para garantizar el 75% de asistencia mínima durante el paro nacional de Ctera tras el receso invernal. Los sindicatos reclaman paritarias nacionales, recomposición salarial y restitución de fondos educativos, mientras las provincias deslindan responsabilidades.
