Tras no alcanzar un acuerdo en la instancia de mediación obligatoria, los inversores afectados por la fallida criptomoneda avanzarán con un reclamo económico millonario. La acción en el fuero civil se sumará a la investigación penal en curso, mientras la Cámara Federal define una audiencia clave para el futuro de la causa.
Los ahorristas damnificados por la fallida criptomoneda $LIBRA darán un paso decisivo en los tribunales: iniciarán una demanda millonaria por daños y perjuicios contra el presidente Javier Milei y el resto de los imputados en el expediente penal. La decisión se tomó luego de que concluyera sin acuerdo la audiencia de mediación obligatoria celebrada entre los representantes legales de los inversores y los abogados de los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
La presentación será realizada en el fuero civil por un grupo de aproximadamente 30 ahorristas representados por el abogado Nicolás Oszust. El objetivo de la demanda es obtener una compensación económica por las severas pérdidas sufridas tras la promoción y posterior colapso del criptoactivo. Según estimaciones vertidas en la causa, las maniobras investigadas habrían permitido el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares mediante un número reducido de direcciones de billeteras virtuales. Por estas horas, la querella termina de definir la nómina completa de los demandados en sede civil —que incluiría al jefe de Estado— y el monto definitivo del reclamo.
Audiencia decisiva en Comodoro Py
En paralelo al frente civil, los damnificados aguardan una instancia determinante en los tribunales de Comodoro Py que podría marcar el rumbo de la causa penal. La Sala I de la Cámara Federal porteña fijó fecha para el próximo 10 de agosto, día en que se llevará a cabo la audiencia en la que los querellantes apartados del expediente insistirán en ser reincorporados para mantener el impulso de la investigación.
Los ahorristas afectados, representados por los abogados Nicolás Oszust y Juan Grabois, apelaron la resolución del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que los excluyó como querellantes. Para la defensa de las víctimas, dejarlas fuera del expediente en esta etapa equivale a consolidar la falta de control sobre la instrucción, la cual quedaría delegada de manera exclusiva en el fiscal Eduardo Taiano, cuyo desempeño ha sido cuestionado por los denunciantes.
La resolución quedará en manos de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Este escenario coincide con el proceso de reestructuración del tribunal, dado que el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego de Pablo Bertuzzi para consolidarlo en el cargo, junto con el de Pablo Yadarola, mientras que Bruglia recurrió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para mantenerse en su puesto. De no concretarse el recambio antes de la fecha pautada, la actual composición de la Sala I deberá resolver el planteo de los querellantes.
La ruta del dinero y las pruebas clave
En el marco de las medidas de prueba, el juez Martínez De Giorgi hizo lugar al pedido del fiscal Taiano para disponer el congelamiento de diversas billeteras de criptoactivos, a la espera de recibir información oficial sobre la titularidad de dichas cuentas.
Entre los elementos incorporados al expediente se destacan transferencias millonarias realizadas por el empresario Hayden Davis hacia cuentas virtuales en las semanas previas al lanzamiento del token. Asimismo, el peritaje sobre el teléfono celular de Mauricio Novelli reveló la existencia de una nota donde se detallaría un presunto acuerdo por 5 millones de dólares, una suma coincidente con los montos transferidos por Davis.
El expediente penal se originó a partir de las denuncias formuladas tras la difusión pública del proyecto $LIBRA, iniciado el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei publicó un mensaje en la red social X que incluía la dirección del contrato para adquirir el activo digital, presentado inicialmente como una iniciativa para impulsar la economía local.
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Tras no alcanzar un acuerdo en la instancia de mediación obligatoria, los inversores afectados por la fallida criptomoneda avanzarán con un reclamo económico millonario. La acción en el fuero civil se sumará a la investigación penal en curso, mientras la Cámara Federal define una audiencia clave para el futuro de la causa.
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