Ante la falta de votos en la Cámara Alta, el oficialismo modificó el proyecto de Propiedad Privada. La iniciativa fijará un tope de hasta el 25% para la venta de campos a extranjeros e incrementará la potestad de las provincias sobre sus recursos.
Ante la falta de votos en la Cámara Alta, el oficialismo modificó el proyecto de Propiedad Privada. La iniciativa fijará un tope de hasta el 25% para la venta de campos a extranjeros e incrementará la potestad de las provincias sobre sus recursos.
La bancada oficialista conducida por la senadora Patricia Bullrich cedió a la firme presión de las provincias e introdujo modificaciones clave al proyecto de Ley de Propiedad Privada. La maniobra política busca destrabar el tratamiento de la iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, tras acumular tres postergaciones consecutivas en la Cámara Alta.
Los puntos centrales del acuerdo parlamentario:
Nuevo tope nacional: La compra de campos por extranjeros tendrá un límite de entre 20% y 25%.
Autonomía provincial: Las jurisdicciones tendrán facultad directa para autorizar o rechazar ventas.
Zonas estratégicas: El Estado mantendrá la custodia de las áreas de frontera.
El eje del conflicto parlamentario se concentró en el capítulo que pretendía derogar la Ley de Tierras, norma que actualmente prohíbe que más del 15% del territorio quede en manos de capitales foráneos. Si bien la propuesta original del Poder Ejecutivo buscaba eliminar por completo las restricciones para atraer inversiones, los bloques dialoguistas advirtieron que no acompañarían el texto sin salvaguardas.
Las intensas negociaciones mantenidas entre legisladores y gobernadores del interior permitieron establecer un nuevo rango del 20% al 25% como cupo máximo por jurisdicción. Asimismo, el texto consensuado resolvió eliminar los límites departamentales, otorgando flexibilidad para que cada distrito adapte la reglamentación a sus necesidades productivas.
En sintonía con los preceptos constitucionales que consagran el dominio provincial de los recursos naturales, los estados locales ganarán un rol determinante. A partir del nuevo articulado, las autoridades jurisdiccionales tendrán potestad explícita para intervenir directamente en la fiscalización, regulación o eventual rechazo de las operaciones inmobiliarias rurales.
Por su parte, el Poder Ejecutivo preservará la facultad de supervisión en zonas limítrofes y áreas estratégicas vinculadas a la seguridad nacional. A su vez, la reforma dispone la creación de un registro oficial de carácter federal y provincial destinado a identificar la nómina completa de propietarios foráneos en el país.
Con estas concesiones, el bloque oficialista confía en alcanzar los votos requeridos durante la crucial sesión programada para este jueves. La estrategia apunta a cerrar filas con los senadores que responden a los gobernadores y garantizar la aprobación del dictamen tras semanas de intensos debates.
A la par de los movimientos tácticos en el recinto, diversas organizaciones sindicales y sociales confirmaron una concentración masiva a las puertas del Palacio Legislativo. La jornada de protesta estará encabezada por la CGT, las dos centrales CTA y la UTEP, acompañadas por movimientos campesinos, ambientales y comunidades indígenas.
Las entidades convocantes fundamentan su rechazo en la flexibilización del patrimonio territorial y denuncian que la reforma vulnera la soberanía económica del país. La manifestación buscará visibilizar el descontento popular de forma simultánea al debate que mantendrán los senadores en sus bancas.
Las próximas horas resultarán decisivas para terminar de sellar la redacción final del borrador legislativo. El Gobierno aguarda que las modificaciones aceptadas sirvan para destrabar el estancamiento parlamentario y consolidar la media sanción de una ley considerada prioritaria por la Casa Rosada.
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