Mediante una resolución preventiva, la Justicia porteña solicitó a la legisladora Lilia Lemoine evitar expresiones sobre el menor Ian Moche y su diagnóstico, en una causa contravencional que investiga cuatro hechos de maltrato.
Mediante una resolución preventiva, la Justicia porteña solicitó a la legisladora Lilia Lemoine evitar expresiones sobre el menor Ian Moche y su diagnóstico, en una causa contravencional que investiga cuatro hechos de maltrato.
El fiscal de primera instancia de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Gustavo Biglino, dispuso que la legisladora del bloque La Libertad Avanza no formule declaraciones directas ni indirectas sobre la condición del menor Ian Galo Lescano. La resolución judicial aclaró que la medida no constituye una medida cautelar, sino una exhortación preventiva orientada a evitar un incremento en la litigiosidad mientras avanza el expediente.
La investigación judicial se originó a partir de cuatro episodios que el fiscal encuadró en la figura contravencional de maltrato psíquico y ataque a la dignidad, con el agravante de ser cometidos en perjuicio de un menor de edad con discapacidad.
Las actuaciones comenzaron tras las apariciones mediáticas de la diputada, en las que cuestionó el diagnóstico del joven activista y acusó a su madre, Marlene Florencia Spesso, de utilizarlo públicamente.
Frente a los cuestionamientos sobre el estado de salud del adolescente, la querella representada por el abogado Andrés Gil Domínguez incorporó al expediente el Certificado Único de Discapacidad (CUD) otorgado por la Agencia Nacional de Discapacidad en 2020. El documento acredita que el menor pertenece al espectro autista en nivel 1 de apoyo, con una validez oficial fijada hasta el 13 de febrero de 2030.
La figura contravencional investigada contempla sanciones que van desde dos a 10 días de trabajo de utilidad pública hasta multas económicas. Si bien la normativa prevé penas de hasta cinco días de arresto, dicha sanción no resultaría aplicable a la legisladora debido a la inmunidad de fueros que le otorgan sus funciones parlamentarias.
Paralelamente, la resolución fiscal notificó a la defensa de la diputada que un eventual incumplimiento del apercibimiento podría derivar en el inicio de una causa penal por el delito de desobediencia.
Asimismo, el dictamen desestimó diversas medidas probatorias solicitadas por los defensores de Lemoine relacionadas con supuestos conflictos familiares, al considerar que resultan ajenas al objeto del proceso centrado en los dichos públicos.
El debate judicial analizará si los discursos vertidos por la diputada se encuentran amparados por la libertad de expresión o si configuraron una extralimitación que vulneró los derechos del menor de edad.
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