El retorno a las aulas tras el receso invernal comenzó este lunes con una medida de fuerza nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera). Como respuesta inmediata, el Poder Ejecutivo activó por primera vez un operativo de inspecciones en escuelas para fiscalizar el cumplimiento de las garantías mínimas dispuestas en la reforma laboral.
Los ejes del conflicto educativo:
Exigencia gubernamental: Cobertura del 75% del servicio para evitar sanciones.
Reclamos gremiales: Convocatoria a paritarias y restitución del Fonid.
Acción de la CGT: Anuncian un plan de lucha alternativo para todo el mes de agosto.
A través de la Secretaría de Trabajo, la cartera conducida por Sandra Pettovello realiza muestreos presenciales en establecimientos educativos para certificar la presencia docente. Fuentes oficiales advirtieron que el incumplimiento del piso legal de asistencia derivará en la aplicación de sanciones económicas directas contra las asociaciones sindicales involucradas.
La supervisión estatal generó contrapuntos con las administraciones subnacionales. Tanto la Ciudad como la Provincia de Buenos Aires aclararon que el despliegue de los inspectores es exclusivo de Nación, notificándose a las autoridades escolares pocas horas antes de iniciarse la primera jornada de controles en los distritos.
Reclamos salariales y marcha al Ministerio de Economía
La huelga de la central gremial fundamenta su postura en la negativa oficial a convocar la paritaria nacional y la acelerada pérdida del poder adquisitivo del sector. Entre las demandas prioritarias sobresale la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, sumada a mayores partidas presupuestarias destinadas a infraestructura escolar y comedores.
De forma paralela, la organización sindical resolvió movilizarse hacia la sede del Ministerio de Economía en conjunto con los trabajadores de Asociación Trabajadores del Estado (ATE). En el ámbito de la Capital Federal, los docentes repudian además las modificaciones al estatuto docente porteño y las fallas en la implementación del nuevo esquema educativo secundario.
Las negociaciones salariales permanecen paralizadas desde el mes de abril, momento en que los gremios rechazaron la propuesta de recomposición efectuada por los funcionarios nacionales. Pese a los intentos oficiales por derivar la discusión a las provincias, la justicia laboral mantiene suspendido el decreto presidencial impulsado con ese propósito.
El planteo de la CGT y las medidas en evaluación
Por su parte, los sindicatos docentes encuadrados en la Confederación General del Trabajo prefirieron evitar el paro presencial directo para encuadrarse dentro del marco normativo vigente. No obstante, anticiparon que harán público un plan de acción continuado para todo agosto, el cual podría desembocar en una gran marcha federal.
El resultado final de los relevamientos que se llevan a cabo en las aulas determinará si el Ministerio de Capital Humano inicia expedientes sancionatorios a los gremios. Mientras la fiscalización estatal avanza en diversas escuelas, el ciclo lectivo se reanudó de manera dispar en distintas jurisdicciones del país.