La iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada no será tratada en la sesión del 6 de agosto. Pese a las modificaciones en la redacción, juristas y organizaciones advierten sobre los riesgos que implica para quienes denuncian.
La iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada no será tratada en la sesión del 6 de agosto. Pese a las modificaciones en la redacción, juristas y organizaciones advierten sobre los riesgos que implica para quienes denuncian.
El debate parlamentario sobre el controversial proyecto de falsas denuncias sufrió un freno decisivo en el Senado de la Nación. La iniciativa, que generó intensas discusiones entre especialistas y legisladores, no se incluirá finalmente en el orden del día de la sesión prevista para el 6 de agosto.
Puntos clave de la suspensión del debate:
Sin tratamiento: La propuesta no se debatirá este 6 de agosto.
Rechazo sectorial: Recibió fuertes críticas de sectores radicales y juristas.
Ambigüedad técnica: Mantienen reparos por conceptos que penalizan la denuncia.
La propuesta legislativa, promovida originalmente por la senadora Carolina Losada, busca modificar el Código Penal para incrementar las sanciones a quien realice imputaciones falsas. Sin embargo, el tratamiento de la norma encontró severas resistencias institucionales que obligaron a postergar la discusión en el recinto.
En las últimas versiones del proyecto, los redactores del dictamen borraron las menciones explícitas a violencia de género y abusos infantiles. Pese a ese retoque técnico, diversas organizaciones advierten que la iniciativa reemplazó esos términos por conceptos ambiguos que amplían el margen para perseguir a los denunciantes.
En paralelo a la suspensión de la sesión, la propuesta cosechó fuertes críticas del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Desde la entidad profesional alertaron que la nueva redacción pone en riesgo principios del debido proceso y debilita la protección judicial efectiva.
Asimismo, integrantes del propio bloque del Radicalismo expresaron marcadas dudas sobre el alcance punitivo del texto presentado. Las discrepancias internas impidieron consolidar las mayorías necesarias para garantizar el avance del dictamen en la Cámara Alta.
Diversas agrupaciones señalan que la inclusión de más penas y agravantes genera un peligroso efecto disuasivo sobre las víctimas. Advierten que elevar los castigos por denuncias no probadas puede convertirse en una herramienta de intimidación por parte de los acusados.
Tras la decisión de no incluir la iniciativa en la tabla de debate del 6 de agosto, el texto permanecerá en etapa de revisión. Los distintos bloques parlamentarios deberán definir si habilitan nuevas instancias de modificación en comisiones o si la norma queda archivada.
Especialistas en derecho penal sostienen que el sistema judicial ya dispone de mecanismos procesales para sancionar la mentira, por lo que resulta innecesario crear tipificaciones severas que desalienten la búsqueda de justicia.
Por su parte, las organizaciones sociales aseguraron que mantendrán un seguimiento atento sobre el curso legislativo. El colectivo reafirma la importancia de visibilizar los peligros del articulado para evitar retrocesos en materia de derechos humanos.
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