La Prefectura Naval intimó a 536 profesionales de practicaje a reanudar sus tareas bajo amenaza de sanciones y denuncias penales. La medida de fuerza paralizó a más de 140 buques en rechazo al decreto de desregulación impulsado por el Gobierno.
La Prefectura Naval intimó a 536 profesionales de practicaje a reanudar sus tareas bajo amenaza de sanciones y denuncias penales. La medida de fuerza paralizó a más de 140 buques en rechazo al decreto de desregulación impulsado por el Gobierno.
A través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, la Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó a 536 trabajadores de servicios de practicaje y pilotaje a retomar la actividad de forma inmediata. La intervención estatal responde al paro por tiempo indeterminado que mantiene completamente paralizado el comercio exterior en los principales puertos y vías navegables del país.
El impacto del conflicto en los puertos nacionales:
Buques paralizados: Más de 140 embarcaciones varadas a la espera de maniobras.
Aviso de sanciones: Amenazan con sanciones disciplinarias y causas penales.
Reclamo gremial: Exigen la derogación formal del Decreto 690/2026.
La medida de fuerza fue resuelta por los profesionales del sector en rechazo al Decreto Nº 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei. Los trabajadores acordaron interrumpir las maniobras de guiado de barcos en ríos y canales hasta que el Poder Ejecutivo suspenda la aplicación de la norma.
La normativa, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, elimina el régimen vigente desde 1991 para crear un registro abierto de practicantes. Entre sus puntos principales, habilita la libre elección de prestadores, fija topes tarifarios e introduce mecanismos para garantizar la continuidad del servicio.
Las consecuencias económicas de la huelga se profundizaron de manera acelerada durante las últimas horas. Desde el Centro de Navegación alertaron por pérdidas millonarias en divisas y advirtieron que varias embarcaciones de carga ya fueron redireccionadas hacia Montevideo y el sur de Brasil.
Por su parte, la Cámara Argentina de Energía informó la interrupción total de operaciones en terminales clave como Dock Sud, Campana, San Lorenzo y Bahía Blanca. La parálisis genera un elevado riesgo en el abastecimiento de combustibles y naftas para el mercado interno.
Entre los buques afectados se encuentra el transporte pesado White Marlin, cuya tarea resulta indispensable para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur. La nave permanece fondeada fuera de puerto por falta de personal técnico para el ingreso.
Frente a la parálisis operativa, la autoridad de aplicación respaldó su notificación en los artículos 190 y 194 del Código Penal. Dichos artículos establecen penas de hasta ocho años de prisión para quienes entorpezcan el funcionamiento habitual del transporte por agua.
Desde la Prefectura Naval subrayaron que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación. Por este motivo, la falta de prestación derivará en la apertura de sumarios administrativos e intimaciones directas a los profesionales habilitados.
El conflicto mantiene bajo máxima tensión a las cámaras empresarias y al sector exportador. Las próximas horas serán determinantes para verificar si la intimación oficial logra destrabar la actividad o si el conflicto se traslada al ámbito judicial.
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