El oficialismo modificó el proyecto original y estableció un límite del 25% para la compra de tierras por extranjeros, a nivel provincial y departamental. Patricia Bullrich ratificó sesión este jueves en el Senado, en medio de protestas y negociaciones por los votos.
El Gobierno presentó un nuevo dictamen de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tras reconocer que el texto original, que eliminaba las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, no tenía los votos en el Senado.
Según anunciaron funcionarios oficialistas, se establece un tope del 25% de la superficie de cada distrito para la adquisición por personas físicas o jurídicas extranjeras, en lugar de la libre compra que preveía la versión inicial.
En conferencia de prensa, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue clara: “Vamos a dejar muy en claro qué límites pusimos que no estaban. Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en Argentina, punto”. Y añadió: “Las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias”.
Bullrich también dijo que “por primera vez vamos a definir qué son las expropiaciones, tenemos muchos casos de varias mal hechas”, en referencia a un agregado sobre el artículo 4 de la Ley N° 21.499 que busca restringir la interpretación de la “utilidad pública” y exigir que la expropiación sea “idónea, necesaria y proporcional”.
La normativa de 2011 fijó un límite del 15% de la superficie rural por distrito para la titularidad extranjera. El nuevo borrador mantiene restricciones —a diferencia del proyecto original— pero eleva ese techo al 25%.
Según el dictamen, “toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente”.
Además, el texto elimina la prohibición para que un mismo titular extranjero supere las 1000 hectáreas en zonas núcleo y levanta la veda a comprar tierras que contengan o limiten con cuerpos de agua importantes o sean áreas de seguridad de frontera, dentro del porcentaje habilitado.
En el caso de tierras de frontera, se mantiene el doble conforme: debe existir autorización explícita de la Provincia y del Poder Ejecutivo. Asimismo, se suprime la regla que impedía que personas de una misma nacionalidad poseyeran más del 30% del territorio habilitado para compra extranjera.
Según las fuentes, a nivel nacional se estima que alrededor de un 5% del territorio rural pertenece a capitales o personas extranjeras, más de 13 millones de hectáreas. Si bien ninguna provincia supera el 15% de extranjerización, hay más de 30 departamentos que sí lo hacen y algunos superan el 50%, como Campana (Buenos Aires, 50,27%), General Lamadrid (La Rioja, 56,7%), Lacar (Neuquén, 54,17%), San Carlos (Salta, 59,82%) y Molinos (Salta, 57,79%). Iguazú (Misiones) alcanza 39,95%.
Dado que la Ley de Tierras es de 2011, esos distritos ya estaban vendidos a extranjeros en más del 15% para ese entonces, lo que complejiza el relato de que el nuevo tope del 25% corrige una tendencia reciente.
La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y necesita sumar 16 voluntades para aprobar. Unión por la Patria (25 legisladores) anunció rechazo unificado, aunque hay pedidos de voto virtual para Anabel Fernández Sagasti por razones médicas.
En contra se manifestaron la cordobesa Alejandra Vigo y los tres senadores de Convicción Federal; los dos misioneros dejaron trascender que votarían a favor en general, pero en contra del capítulo de Tierras, y los dos santacruceños también irían por el rechazo. En la UCR no hay unidad: al menos tres de los 10 senadores no quieren votar el proyecto.
Según las fuentes, en caso de empate la vicepresidenta Victoria Villarruel no estará —ejercerá la presidencia de la Nación por el viaje de Javier Milei— y la suplantarán en la sesión por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien podrá votar y eventualmente desempatar.
El jueves está prevista una manifestación de partidos y ONG frente al Congreso, en el tercer intento de tratar el proyecto, ya postergado por falta de votos. Además del capítulo de tierras, el combo legislativo busca acelerar desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones; modifica requisitos para expropiaciones y cambia artículos de la Ley de Manejo del Fuego para liberar el uso de propiedades afectadas por catástrofes.
Con la sesión fijada para este jueves, el oficialismo busca destrabar la media sanción con un nuevo dictamen que intenta equilibrar inversión y control. ¿Alcanzarán los cambios para sumar los votos necesarios en el Senado y bajar la tensión social en provincias con alta extranjerización?
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