Se llama Martín, es politólogo y armó en menos de una hora una web para que cualquiera le escriba a los 72 senadores que el jueves votaban si Argentina afloja el freno a la extranjerización de tierras.
Se llama Martín, es politólogo y armó en menos de una hora una web para que cualquiera le escriba a los 72 senadores que el jueves votaban si Argentina afloja el freno a la extranjerización de tierras.
Se llama Martín. El apellido, por ahora, se queda afuera de esta nota —es parte del trato—. Es politólogo, y dice que se pasó buena parte de su vida profesional coordinando campañas de lobby político y movilización de gente. La mañana en que le cambió el aceite al auto tenía, por delante, una hora muerta en la sala de espera de un service.
No fue una epifanía. Fue, más bien, una costumbre que encontró tiempo libre. “Me desperté más temprano que lo común, fui a dejar el auto al service, vi que tenía una hora y la armé”, cuenta, y enseguida se resta el mérito: “Igual le quita la magia eso, pero se me ocurrió y lo hice”. Cuarenta y cinco minutos después, mientras probablemente todavía olía a aceite nuevo, “72 bancas” ya estaba online. Una página web para poder contactar a los Senadores de la Nación y pedirles que no voten la Ley de Tierras.
El sitio junta, provincia por provincia, a los senadores que el jueves 6 de agosto votan la reforma de la Ley de Tierras. Un clic, y se abre el mail, el tuit o el llamado ya redactado para pedirles que rechacen el proyecto.
Para eso necesitaba los contactos de 72 personas. No tuvo que pedirle nada a nadie: los sacó de un Google Drive que circula con toda la información ya compilada. “Tranquilamente podría haber entrado a la web del Senado y recopilar toda la información”, aclara, aunque admite que el atajo le ahorró una hora entera de trabajo. Para Martín no hay ninguna zona gris ahí: “Todo eso es acceso público. Es muy fácil. Es parte de la transparencia”.
Ahora bien: en la home de “72 bancas” no aparece ni un mail, ni un teléfono, ni un usuario de X. Hay que tocar un botón para que se revelen. La decisión, dice, no fue legal ni fue ética: fue de diseño. “Quería que las personas con un solo clic pudieran hacer las cosas”, explica, y lo compara con algo que ya hacíamos todos, aunque no lo pensáramos así: buscar el arroba de un senador en Twitter, o antes, hojear la guía telefónica hasta dar con un nombre. La información, dice, está igual de disponible después del clic que antes.
El detalle más artesanal del sitio es también el más invisible. Los mails no salen todos juntos ni todos iguales: se mandan en tandas de ocho personas en copia oculta, y cada tanda usa un texto distinto. La razón es puramente técnica: “Para que los mails no sean flageados como spam y lleguen directamente”.
Los textos —los “enfoques”, como los llama— los escribió él, con una asistencia que no esconde: “Fui escribiendo junto con una IA, me fue dando una mano para poder accionar rápido y decidir cuáles son cada una de las aristas del proyecto”.
Todavía es temprano para medir el impacto. Martín dice que está esperando “unas horas” antes de mirar las métricas, más ocupado por ahora en que el sitio no tenga errores que en contar cuántos clics tuvo. De los despachos de los senadores, hasta el momento, silencio. “Creo que la mejor devolución es que voten en contra las personas que tienen que votar en contra”, resume, sin vueltas.
Pero no es la primera vez que hace algo así. Hace un tiempo, cuenta, armó una acción parecida para otro proyecto —no recuerda bien si fue con esta gestión o con la anterior— y esa vez sí hubo devolución, aunque no la que uno esperaría: los legisladores les escribieron directamente pidiéndoles que pararan, porque estaban “totalmente colapsados”. Para Martín, ese colapso es la prueba de que esto funciona: “No es lo que se busca directamente, pero es parte de demostrar la llegada que tiene la gente cuando se ponen todos de acuerdo”. Y remata, sin dejar lugar a dudas: “No es simbólico, esto es lobby ciudadano. Cien por ciento”.
Sobre el fondo del proyecto no tiene medias tintas. Recuerda que ya con la ley vigente —la que pone un techo del 15% a la tierra rural en manos extranjeras— el país tiene problemas para hacerla cumplir. Extranjeros que compran hectáreas que afectan recursos hídricos, controles que no llegan. Si eso pasa con la ley actual, se pregunta, ¿qué garantía hay de que bajar todavía más los límites no ponga en jaque esos recursos?
“¿Quién nos garantiza que no se van a poner en jaque? Nadie, absolutamente nadie. Ni este gobierno, ni el anterior, ni todos los que vienen”, dice. Por eso su pedido no es corregir un artículo: es tirar abajo el proyecto entero. “Se tiene que rechazar de plano. Después, una vez que se rechace, podemos debatir de mejorar la anterior. Pero no de esta manera”, insiste, y repite la última frase como quien golpea la mesa: “No, no de esta manera”.
Cuando le piden que resuma en una sola frase por qué hizo todo esto, no busca mucho la vuelta. “Porque podía hacerlo. Es mi granito de arena. Nada más”, dice.
Lo que espera que pase el jueves tampoco tiene misterio: que el proyecto se rechace de plano, y que ese rechazo funcione como un mensaje hacia arriba. Que se vea, dice, “que no hay consenso popular para eso”, y que el oficialismo entienda que no tiene mandato para —usa esta palabra— “estas barrabasadas”. Cierra con algo que suena más a consigna que a epílogo: que la gente se una, y siga demostrando que no va a dejar que se haga cualquier cosa.
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