Ley de Propiedad Privada: el Senado debate y la calle pone la mira en la Ley de Fuego

En una jornada marcada por febriles negociaciones políticas y un nuevo traspié para la bancada oficialista en la Cámara Alta, el bloque de La Libertad Avanza resolvió eliminar de manera definitiva el capítulo que habilitaba y regulaba la venta de tierras rurales a capitales extranjeros dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La decisión, precipitada tras una cumbre encabezada por la senadora Patricia Bullrich con sectores aliados, busca resguardar el quórum para reanudar este jueves a las 14:00 el debate en el recinto, suspendido desde el cuarto intermedio del mes pasado.

La caída del articulado más severamente objetado se consumó tras una reacción en cadena de gobernadores y legisladores que inicialmente figuraban en la nómina de respaldos. Pese a los intentos de Bullrich por moderar el texto original —proponiendo elevar del 15% al 25% el tope de extranjerización por provincia y exigiendo autorización previa del Poder Ejecutivo y de los estados provinciales para empresas con participación estatal extranjera—, el consenso se desmoronó. Los pronunciamientos en contra de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén), sumados al desmarque de senadores del PRO y del radicalismo, dejaron al oficialismo sin el margen mínimo de 37 votos requeridos para sostener la iniciativa.

Con la remoción del capítulo de extranjerización, la atención del debate parlamentario se desplaza hacia otros ejes del proyecto que concitan profunda preocupación en el ámbito jurídico, social y ambiental. El punto más crítico radica en la pretensión oficialista de derogar el régimen de protección de la Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815 y su modificatoria 27.604).

La normativa vigente establece una prohibición estricta de modificar el uso del suelo —impidiendo desarrollos inmobiliarios, emprendimientos agrícolas o explotación ganadera— por plazos de entre 30 y 60 años en superficies afectadas por incendios forestales, sean estos accidentales o intencionales. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca eliminar de raíz este bloqueo temporal, restituyendo la plena disponibilidad comercial y productiva de los terrenos quemados.

Desde diversos organismos de conservación, juristas y entidades ambientales advierten que la supresión de este límite legal entraña un riesgo sistémico para el patrimonio natural del país. Al retirar el desincentivo económico sobre los campos arrasados por el fuego, la modificación legislativa genera un peligroso incentivo moral para la quema intencional de biomas clave, tales como bosques nativos, humedales y áreas protegidas.

En un contexto signado por la crisis climática y sequías recurrentes en diversas regiones argentinas, la eliminación de la restricción abre la puerta a que incendios provocados sean utilizados como una herramienta irregular de desmonte y cambio de uso de suelo, favoreciendo la especulación inmobiliaria y la expansión descontrolada de la frontera agropecuaria o minera sobre ecosistemas devastados.

Junto con la reforma del régimen de incendios, el texto que llegará al recinto mantiene disposiciones de alto impacto procesal, entre las que se destacan mecanismos de desalojo expeditivo sin la mediación de instancias previas de verificación judicial profunda, así como reconfiguraciones en las facultades estatales en materia de expropiaciones.

La sesión de este jueves se iniciará, además, en un clima de alta tensión procedimental. El cuerpo deberá resolver las solicitudes de participación remota presentadas por los senadores Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), quien atraviesa un embarazo avanzado con prescripción médica de reposo, y Flavio Fama (Catamarca), recientemente intervenido por una cirugía de rodilla. La validez de sus votos a distancia dependerá exclusivamente de la aprobación del pleno por mayoría simple antes de dar paso al debate de fondo.

Dado que el presidente Javier Milei se encuentra en el exterior, la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará provisoriamente al frente del Poder Ejecutivo. La conducción del plenario estará a cargo del presidente provisional del Senado, el puntano Bartolomé Abdala, garantizando al oficialismo una eventual instancia de desempate en una votación que se anticipa extremadamente ajustada.