El respaldo técnico de la titular del cuerpo y las explicaciones sobre su resolución
La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, salió al cruce de las recriminaciones por haber emitido una norma administrativa que facultaba a la legisladora mendocina Anabel Fernández Sagasti a intervenir a distancia durante el tratamiento de la ley de propiedad privada. Ante las lecturas críticas sobre la validez de su disposición, la vicemandataria remarcó en redes sociales que su intervención se limitó estrictamente a girar la definición final a la voluntad del pleno de la Cámara.
Al hacerse eco de un análisis jurídico que respaldaba el carácter extraordinario y no vinculante del instrumento firmado, Villarruel enfatizó: “Gracias, Dr. Armesto, por aclarar una decisión donde la Presidencia del Senado solamente ha trasladado a los senadores la resolución de este tema. Nada se ha hecho que contradiga a las instituciones y al Reglamento del Senado”. Con estas palabras, la titular de la Cámara Alta desestimó que su gestión haya buscado vulnerar la normativa vigente, defendiendo el procedimiento como un resguardo institucional sujeto al arbitrio de la totalidad de los bloques.
La maniobra de la bancada oficialista y el trasfondo de la discusión legislativa
A pesar del permiso condicional otorgado por la Presidencia del cuerpo —que también abarcaba la situación médica del catamarqueño Flavio Fama—, el intento por posibilitar el sufragio digital quedó bloqueado por una propuesta impuesta desde el propio espacio oficialista. La conducción del bloque liderado por Patricia Bullrich logró remitir todas las iniciativas relativas al trabajo a distancia hacia el ámbito de comisiones, anulando de forma inmediata la chance de participación para ambos representantes ausentes.
Esta discrepancia procedimental entre la conducción del recinto y la jefatura del bloque libertario se encuadró en un clima de alta volatilidad política, marcado por la tensión constante entre Villarruel y la cúpula del Poder Ejecutivo. La controversia por el reglamento interno coincidió con la discusión de un proyecto clave sobre plazos de desalojo y el manejo de tierras, en una jornada donde también se registraron protestas y choques en las afueras del Palacio Legislativo.