Con pronóstico reservado permanece internado en Córdoba un niño de dos años luego de ser atacado este martes por un perro dogo en su vivienda de Villa Caeiro. El hecho reabre la alerta por la tenencia de razas peligrosas.
Con pronóstico reservado permanece internado en Córdoba un niño de dos años luego de ser atacado este martes por un perro dogo en su vivienda de Villa Caeiro. El hecho reabre la alerta por la tenencia de razas peligrosas.

Un niño de dos años resultó herido de gravedad este martes en una vivienda de la localidad de Villa Caeiro, en el Valle de Punilla, tras ser atacado por un perro de raza dogo que pertenecería a su propia familia.
El menor sufrió un traumatismo de cráneo severo y fue derivado de urgencia al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.
Las autoridades policiales y judiciales iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias precisas en las que se produjo el hecho.
El episodio generó alarma en la provincia al sumarse a otros casos recientes registrados en lapsos breves. El pasado domingo, un niño de tres años falleció en barrio Suárez, en el sur de la capital cordobesa, a causa de las heridas provocadas por un perro mestizo.
Por este acontecimiento, la fiscal de Instrucción Celeste Blasco imputó este martes a los propietarios del animal bajo el delito de homicidio culposo. Asimismo, este mediodía, un hombre de 70 años debió ser asistido en el Hospital de Urgencias tras recibir mordeduras de sus dos perros de raza bull terrier en una vivienda de barrio General Urquiza, situación que requirió la intervención de efectivos policiales mediante el uso de gas pimienta para frenar el ataque.
La reiteración de estos hechos reabrió la discusión sobre el control y la tenencia de caninos de gran porte o fuerza mandibular. En la provincia de Córdoba rige desde abril de 2023 la plataforma digital Huella Animal, un registro obligatorio dispuesto por la Municipalidad de Córdoba para propietarios de perros potencialmente peligrosos, entre los que se incluyen razas como pitbull, dogo argentino, rottweiler y doberman.
La normativa local contempla la posibilidad de realizar denuncias vecinales e inspecciones, con sanciones económicas que oscilan entre 50 y 250 Unidades Económicas Municipales (UEM), valores que equivalen a multas de entre 250 mil y un millón y medio de pesos.
Herramientas normativas similares funcionan en otros distritos del país, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la Ley 4.078 establece la obligación de inscribir a estos ejemplares y exige la circulación con correa corta y bozal en la vía pública.
No obstante, las estadísticas de inscripción en los registros oficiales muestran niveles de adhesión acotados por parte de los dueños, al tiempo que la mayoría de las agresiones graves continúan registradas dentro de los hogares privados.
Esta realidad expone las limitaciones de los controles estatales para prevenir incidentes en el ámbito doméstico, abriendo el interrogante sobre si el problema central radica en la falta de fiscalización o en la ausencia de pautas efectivas de educación y prevención en el manejo de mascotas.
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