Por crímenes de guerra y lesa humanidad durante 14 años de conflicto, un tribunal de Damasco condenó a muerte en rebeldía al expresidente Bashar al-Assad, mientras su exjefe de seguridad escuchó la sentencia encarcelado.
Por crímenes de guerra y lesa humanidad durante 14 años de conflicto, un tribunal de Damasco condenó a muerte en rebeldía al expresidente Bashar al-Assad, mientras su exjefe de seguridad escuchó la sentencia encarcelado.
El Cuarto Tribunal Penal de Damasco condenó a pena de muerte en rebeldía al expresidente sirio Bashar al-Assad tras declararlo culpable de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y homicidio premeditado.
La sentencia, leída por el juez Fakhr al-Din al-Aryan durante una transmisión de la televisión estatal, representa el primer fallo judicial contra el exmandatario desde el fin de la dinastía familiar de casi cinco décadas en diciembre de 2024.
El tribunal ordenó idéntica pena para su hermano Maher al-Assad, antiguo comandante de la 4ª División Blindada, y para otros cinco altos mandos del régimen sirio.
Las actuaciones judiciales derivan de los hechos ocurridos durante los 14 años de conflicto armado en Siria, los cuales dejaron un saldo aproximado de 500.000 muertos y 14 millones de desplazados.
Durante la lectura de la Sentencia n.º 1 de 2026, el magistrado al-Aryan precisó que al-Assad movilizó las instituciones del Estado para cometer detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos intencionales contra la población civil y menores de edad. Los principales acusados residen actualmente en Rusia, territorio donde recibieron asilo político tras el derrocamiento de Bashar al-Assad.
Paralelamente a las condenas dictadas en ausencia, el tribunal impuso la pena capital al exgeneral de brigada Atef Najib, único procesado presente en la audiencia dentro de una jaula de seguridad.
El imputado dirigió la rama de Seguridad Política en Daraa en 2011, unidad responsable de encarcelar y torturar a una docena de adolescentes que escribieron consignas gubernamentales en una escuela. Dichos arrestos detonaron las protestas en Siria que posteriormente derivaron en la guerra civil.
Durante las audiencias, Najib rechazó las acusaciones presentadas por los testigos y el tribunal desestimó concederle circunstancias atenuantes por falta de remordimiento.
Asimismo, la corte declaró la caducidad de las inmunidades por delitos internacionales y ordenó el embargo de bienes de todos los condenados con el objetivo de constituir un fondo de indemnización para las víctimas. Por su parte, la acusación entablada contra Muhammad Ayman Ayoush quedó desestimada a raíz de su deceso.
El veredicto generó reacciones divididas entre defensores de derechos humanos y representantes de la Autoridad Nacional de Justicia Transicional. Expertos en la materia señalaron que la sentencia contra Najib no debería ejecutarse antes de agotar las etapas de apelación y juzgar otros hechos acontecidos en provincias como Idlib.
De igual modo, recalcaron que la responsabilidad de reparar patrimonialmente a los afectados debe recaer sobre el Estado sirio por tratarse de actos institucionales.
Coincidentemente, la emisión de las ocho sentencias de muerte en Damasco ocurrió la misma jornada en que el Parlamento del vecino Líbano aprobó la abolición de la pena de muerte.
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