El presidente Abelardo de la Espriella rechazó el envío de brigadas internacionales de rescate tras el terremoto en Colombia. Pese a los ofrecimientos externos, la administración limitó la ayuda a insumos materiales, argumentando capacidad suficiente de sus propios equipos.
En medio de las intensas tareas de búsqueda tras el devastador fenómeno telúrico que golpeó el oeste del país, la conducción ejecutiva a cargo de Abelardo de la Espriella definió limitar el auxilio externo exclusivamente a provisiones de primera necesidad. Diversos estados de la región y organismos globales ofrecieron el envío de escuadrones de socorro y especialistas en estructuras colapsadas; sin embargo, las autoridades colombianas declinaron el desembarco de contingentes humanos, argumentando que las cuadrillas nacionales cuentan con el despliegue suficiente para afrontar las labores en las zonas damnificadas.
La postura generó desconcierto en las delegaciones diplomáticas que mantenían a sus equipos en alerta para desplazarse a los epicentros del desastre. Mientras naciones de diversas tendencias políticas aguardan autorizaciones oficiales o adaptan sus aportes a la entrega de cargamentos con víveres y materiales de asistencia, únicamente la administración estadounidense puso en marcha un grupo técnico de evaluación financiera y operativa sobre el terreno.
El estancamiento en la canalización de los ofrecimientos internacionales expone las dificultades inherentes al reciente cambio de mando presidencial. La ausencia de un traspaso de mando coordinado con las autoridades salientes, sumada a la vacancia en áreas estratégicas dedicadas a la contención de catástrofes, desaceleró la fijación de interlocutores y el diseño de los listados de requerimientos prioritarios que debe tramitar el Ministerio de Relaciones Exteriores.
De acuerdo con marcos normativos locales, la solicitud formal de apoyo externo requiere la certificación de que los recursos estatales han sido rebasados. Ante esta exigencia procedimental, la gestión entrante intenta estructurar sus canales de enlace para recibir aportes económicos e insumos de mediano plazo sin delegar las operaciones de campo, proceso que genera tensión con las administraciones territoriales que demandan una respuesta más veloz en los focos de la emergencia.
El Fondo Monetario Internacional y el Gobierno alcanzaron un acuerdo técnico por la tercera revisión del programa. Si el Directorio Ejecutivo lo aprueba a principios de diciembre, la Argentina podrá acceder a unos USD 900 millones.
Alpine confirmó que el italiano Gabriele Minì ocupará el monoplaza de Franco Colapinto en el primer entrenamiento del Gran Premio de México, cumpliendo la regla que exige ceder autos a corredores debutantes.
Tras acordar límites a las sanciones para empresas extranjeras y sumar controles parlamentarios, comisiones de Diputados aprobaron este miércoles el dictamen de la Ley Malvinas para llevar el debate al recinto en noviembre.
La Unión Industrial Argentina informó que la actividad fabril del país retrocedió 0,2% en septiembre y profundizó su contracción anual, afectada por la caída de la construcción, el freno automotor y el menor consumo interno.
El gobernador acusó a su antecesor de impulsar la demanda en la Corte Suprema para frenar su nuevo mandato. Tras desestimar el planteo de la oposición, lanzó una dura advertencia contra su exaliado: “Capaz que tiene que devolver”.
A través de dos resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía elevó el tope de consumo eléctrico bonificable a 500 kWh en las regiones más calurosas y fijó rebajas de hasta el 50% en la factura de gas para la Patagonia, la Puna y otros distritos.
León XIV mantendrá reuniones reservadas con víctimas de abusos eclesiásticos durante su gira de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú. El Vaticano confirmó los encuentros para manifestar cercanía pastoral y abrir caminos de sanación.
Un inversor, patrocinado por Juan Grabois, presentó un recurso para evitar el cierre de la investigación por la criptomoneda que promocionó el Presidente. Denuncian ignorar pruebas clave, ocultar operaciones millonarias con información privilegiada y exigen que se cite a declarar a todos los involucrados.
