El Senado retomó el debate para modificar la Ley General de Sociedades. La propuesta del Gobierno habilita empresas autónomas dirigidas por inteligencia artificial, criptoactivos y registros 100% digitales, en medio de cruces entre el oficialismo y la oposición.
El Senado de la Nación volvió a discutir en comisiones el proyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación para reformar la Ley General de Sociedades. La Comisión de Legislación General, conducida por la senadora Nadia Márquez, reactivó la iniciativa tras semanas de paralización parlamentaria.
Puntos clave del proyecto oficialista:
Sociedades con IA: Permite empresas gestionadas por algoritmos y sistemas autónomos descentralizados (DAO).
Criptoactivos: Habilita el aporte de activos digitales al capital social y la tokenización de acciones.
Digitalización total: Libros, firmas y notificaciones migran a soportes virtuales, eliminando el formato físico.
La iniciativa busca reemplazar íntegramente la normativa Ley 19.550 vigente desde 1972, adaptando el marco jurídico a la economía digital actual. La propuesta oficial otorga plena autonomía a la voluntad de los socios y simplifica trámites registrales.
Entre los cambios más estructurales, se establece la digitalización absoluta de los trámites societarios. Las notificaciones se realizarán en sedes electrónicas y las empresas tendrán un objeto social amplio para ejecutar cualquier actividad económica lícita.
Durante la reunión plenaria se vivió un tenso cruce político entre la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, y el ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen. El exfuncionario kirchnerista fustigó la propuesta del Poder Ejecutivo.
Nissen calificó el texto como “la consagración de las sociedades comerciales como trampa” para eximir de responsabilidades a los empresarios. Ante estos dichos, la senadora Bullrich reaccionó acusándolo de destruir las SAS durante su gestión mediante resoluciones administrativas irregulares.
En contraposición, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Alvarez, respaldó el articulado. Alvarez afirmó que las reformas facilitan el monitoreo y la trazabilidad financiera requerida por los estándares internacionales del GAFI.
En la misma línea, el jurista Sebastián Balbín expuso que la norma actual fue diseñada para empresas y tecnologías que ya no existen. Balbín remarcó que el proyecto ofrece un marco legal moderno, seguro y previsible para el siglo XXI.
Un pilar fundamental de la reforma es la inclusión formal de la regla de discrecionalidad empresarial. Esta medida protege legalmente a los administradores que tomen decisiones estratégicas de buena fe, garantizando que no responderán penalmente por resultados comerciales desfavorables.
Asimismo, el proyecto consolida definitivamente a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) dentro del régimen general. Esta incorporación blindará la agilidad y libertad organizativa de este modelo de negocios para la creación de nuevas empresas.
Por último, se redefine el rol fiscalizador del Estado nacional sobre las corporaciones. El control público directo se concentrará únicamente en compañías que realicen oferta pública de acciones o donde exista un interés público comprometido.
Un pedido de Beijing para incorporar equipamiento de alta tecnología en la estación de espacio profundo en Bajada del Agrio encendió las alarmas en el Ministerio de Defensa, que exige inspecciones severas y frena la aprobación automática.
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