Francia aplicará desde este martes la prohibición general del telemarketing sin consentimiento previo. La medida busca frenar el acoso telefónico a la población y reemplaza al ineficaz sistema de exclusión Bloctel.
Francia aplicará desde este martes la prohibición general del telemarketing sin consentimiento previo. La medida busca frenar el acoso telefónico a la población y reemplaza al ineficaz sistema de exclusión Bloctel.
Francia puso en marcha un nuevo marco normativo que prohíbe a las empresas realizar llamadas telefónicas de prospección comercial a los consumidores que no hayan otorgado su autorización expresa. La legislación, aprobada por el Parlamento en mayo de 2025, transformó el modelo de contacto telefónico en el país galo al pasar de una tolerancia tácita a la exigencia de un consentimiento previo, libre e informado.
El cambio legislativo elimina el registro estatal Bloctel, creado en 2016 para evitar llamadas no deseadas. A pesar de registrar más de 38 millones de bloqueos diarios, el sistema resultó ineficiente ante el incumplimiento reiterado de las compañías. Un informe parlamentario reveló que el 97 por ciento de la población francesa manifestaba molestia por el acoso telefónico diario.
El nuevo reglamento establece excepciones específicas para la aplicación de la norma. Las compañías podrán contactar a los usuarios si existe un contrato vigente o si la llamada promueve suscripciones a medios de comunicación impresos.
Asimismo, la normativa exige que la autorización otorgada por el ciudadano tenga una validez máxima de un año, sin renovación automática, y pueda ser revocada verbalmente en cualquier momento.
Las llamadas permitidas bajo consentimiento explícito deberán realizarse de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 13:00 horas, y de las 14:00 a las 20:00 horas. El contacto en fines de semana y días festivos quedó totalmente prohibido, salvo pacto expreso entre las partes.
El incumplimiento de la ley conlleva multas administrativas de hasta 75.000 euros para personas físicas y 375.000 euros para personas jurídicas. Para infracciones dirigidas a sectores vulnerables, las penas alcanzan los 500.000 euros y hasta cinco años de prisión.
Durante 2025, la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF) sancionó a 6.300 establecimientos con multas sumadas de 11 millones de euros por prácticas fraudulentas en la materia.
Representantes del sector empresarial, como la Fédération de la Vente Directe, señalaron que la exigencia de conservar pruebas del consentimiento representa una carga administrativa exigente. Paralelamente, en Marruecos, mercado principal para los centros de contacto galos, las autoridades locales prevén la posible pérdida de empleo por el cese de operaciones no solicitadas.
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