Mujeres migrantes sufren agresiones sexuales tras crisis en Ceuta

En Ceuta, la justicia y la policía investigan múltiples denuncias por violencia sexual tras el ingreso masivo de migrantes. Los juzgados ya ordenaron procesamientos mientras los fiscales advierten sobre la saturación del sistema judicial.

Ceuta procesa casos de violencia sexual contra mujeres. Foto: Web.

La crisis migratoria registrada a finales de julio en Ceuta derivó en una compleja situación judicial y de seguridad ciudadana, caracterizada por la tramitación de diversas denuncias por agresiones sexuales.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó que las plazas judiciales de la ciudad autónoma tramitaron tres procedimientos penales vinculados a estos hechos, cometidos presuntamente por ciudadanos marroquíes que ingresaron de forma irregular durante la entrada masiva de unas 72.000 personas.

En el ámbito judicial, la plaza de instrucción número cuatro dictó el ingreso en prisión provisional para un procesado por presunta agresión sexual con penetración y delito contra la salud pública en perjuicio de una menor de edad.

Asimismo, los juzgados decretaron la expulsión del territorio nacional de un segundo implicado por tocamientos a una mujer mayor de edad, y la plaza número cinco ordenó prisión provisional para un tercer investigado por tocamientos a otra menor. En todos los casos resueltos por las autoridades judiciales, las presuntas víctimas fueron mujeres migrantes.

Paralelamente, la Delegación del Gobierno en Ceuta y fuentes de la Policía Nacional informaron que la Unidad de Atención a la Familia y Mujer investiga seis denuncias formales, entre las cuales figuran tres casos de agresión sexual con penetración.

Organizaciones sociales como Sur Acoge acompañaron a dos menores bajo tutela institucional a formalizar sus declaraciones, mientras que representantes del sindicato policial JUPOL señalaron que la cifra de episodios denunciados o notificados podría ascender a 15, citando la presencia de grupos de mujeres y menores instalados en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes por temor a sufrir ataques.

La acumulación de causas por delitos contra la libertad sexual, sumada a infracciones por robos y alteración del orden público, generó un colapso en el Ministerio Público.

La Asociación de Fiscales alertó sobre la sobrecarga de trabajo de los representantes procesales y calificó de insuficiente el refuerzo de tres fiscales sustitutos autorizado por la Fiscalía General del Estado si la medida no se prolonga en el tiempo.

Ante este panorama, el Ministerio del Interior dispuso el despliegue de 45 agentes adicionales de la Unidad de Intervención Policial para reforzar la seguridad ciudadana y la vigilancia en las áreas urbanas.

El contraste entre el número de causas judicializadas de forma oficial y las estimaciones de las organizaciones sindicales evidencia la dificultad para dimensionar el alcance real de los delitos cometidos en contextos de alta vulnerabilidad. ¿Lograrán el refuerzo policial y la dotación judicial restablecer la contención asistencial y la seguridad en la frontera sur?

 

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