La Legislatura levantó por unanimidad la prohibición en plena crisis yerbatera. Los productores cobran la mitad de lo que cuesta producir. Los científicos advierten que nadie midió qué pasa en las chacras ni en la yerba. Y el organismo que controlaba la calidad pierde poder.
La casa de Julio Petterson está rodeada de yerba. En el lote que rodea su casa no utiliza glifosato: produce orgánico. “Aunque esté aplicado hace dos días, pero me reacciona muy mal, y también a uno de mis hijos. Tenemos alergia, entonces por eso optamos en producir de forma más tradicional u orgánica “, cuenta. En el resto de sus hectáreas, como casi todos sus vecinos del norte misionero, se enfrenta a la misma cuenta que no cierra. El costo de la hoja verde vs. lo que sale el trabajo.
Petterson preside la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (Acpyn) y fue diputado provincial cuando Misiones discutió prohibir el herbicida. Defendió la idea. Hoy, con la hoja verde pagándose a menos de la mitad de su costo, dice algo que en otro momento no habría dicho: que levantar la prohibición “lastimosamente se ha dado y es entendible”.
Para esta investigación, LR habló con Julio Petterson , con la Dra. Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma del INTA – CONICET, quien coordinó el proyecto SPRINT, en que encontró presencia de plaguicidas, entre ellas Glifosato, en distintas matrices ambientales, incluídas muestras humanas, y a quien hoy mismo el Consejo Directivo del organismo intenta exonerarla lo que implica la inhabilitación de por vida para ejercer en un cargo público; y con el toxicólogo Guillermo Grau, médico especialista en Toxicología y jefe de la Sección Toxicología Ambiental y Ocupacional del Hospital Fernández. La idea no es decidir si el glifosato es bueno o malo, sino poner sobre la mesa qué significa, y qué no, su vuelta a los yerbales en plena crisis del sector.
Hasta fines de 2023, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) calculaba cada seis meses cuánto costaba producir un kilo de hoja verde y fijaba un precio mínimo por encima de ese costo. El DNU 70/23 le quitó esa facultad. Desde entonces, el precio lo ponen los molinos.
Según Petterson, hoy se pagan entre 240 y 260 pesos el kilo de hoja verde puesta en secadero, cuando la grilla de costos del INYM marcaría más de 540. Y se cobra con cheques a 180 días. El productor, que históricamente se quedaba con entre el 10 y el 15% de lo que vale un paquete en góndola, hoy recibe entre el 3 y el 4%.
En esa cuenta, el glifosato es un atajo. Sin herbicida, las malezas se controlan a machete, motoguadaña y azadón, y hay que limpiar el yerbal hasta cuatro veces por año. Con glifosato alcanza con dos. “Donde vos tenías 15 trabajadores, con uno solo hacés el mismo trabajo”, explica Petterson. Se aplica con tractor o mochila, al pie de la planta, hasta unos 30 centímetros de altura.
Para él, la derogación fue un paliativo para bajar costos en lugar de la solución de fondo: “Acá lo que tenía que haber es respuesta del gobierno nacional en obtener un precio y mejoras para el sector productivo”.
Lo que está en juego no es solo el mercado interno.
La Argentina es el principal productor y exportador mundial de yerba mate, y Misiones concentra cerca del 87% de la superficie cultivada del país. En 2025 las exportaciones marcaron un récord histórico de casi 58 millones de kilos, un 32% más que el año anterior, y el país recuperó el primer puesto frente a Brasil. Siria compra más del 60%, y en 2026 salió el primer contenedor directo a China.
Petterson teme que la vuelta del glifosato juegue en contra justo cuando se abren mercados como el de la India: “Si soy comprador, ¡epa!, voy a empezar a analizar, vamos a empezar a ver si está bien o no está bien, si es producción adecuada o no”. Cree que la yerba orgánica no se vería afectada, pero sí la yerba industrial y sobre todo la apertura al mercado internacional.
Y aclara que el problema no queda solo en la chacra: hoy son los molinos los que responden por lo que llega al paquete, y la reforma del INYM apunta a profundizarlo. “Que acá controle la industria lo que produce y que se haga cargo la industria de lo que crea. Y para mí no existe eso”, cuestiona
Del otro lado, quienes impulsaron la derogación sostienen que la prohibición dejaba a Misiones en desventaja frente a competidores que sí usan el herbicida. La Unión Europea, uno de los mercados más exigentes, renovó la autorización del glifosato hasta 2033.
En 2023, impulsada por Carlos Rovira, Misiones fue la primera provincia en prohibir el glifosato, con una transición que después se estiró hasta 2030. El 3 de septiembre, la Legislatura la derogó por unanimidad, en la misma sesión que aprobó la Emergencia Yerbatera, con un proyecto del propio oficialismo y el aval del gobernador Hugo Passalacqua y de la Sociedad Rural Argentina. El argumento fue que no apareció un reemplazo viable. “No podemos atarles las manos a los productores”, dijo la diputada Anazul Centeno, que admitió que, con la ley vigente, el glifosato se seguía usando igual.
Lo que encontró la ciencia
Lejos de los yerbales, un equipo del INTA Balcarce analizó a 73 voluntarios del sudeste bonaerense para el proyecto SPRINT, un estudio financiado por la Unión Europea que comparó diez regiones europeas con una argentina. Lo coordinó en el país Aparicio.
Los resultados, publicados en 2026 en la revista Environment International, encontraron glifosato en cerca del 86% de las muestras de orina argentinas, contra el 35% de las europeas. En materia fecal apareció en el 100% de los casos argentinos, con una concentración mediana casi nueve veces mayor: 153 microgramos por kilo contra 17,6. En agua superficial, el caso argentino tuvo la mayor concentración total de plaguicidas de los once estudiados.
Aparicio insiste en no forzar los datos. La muestra no representa a toda la población y “detectar una sustancia demuestra exposición, pero no demuestra por sí solo enfermedad”. Lo que sí muestra el estudio, dice, es que la exposición no se limita a quien aplica: para el glifosato, las diferencias entre productores, vecinos y consumidores urbanos fueron menores que las diferencias entre regiones.
El toxicólogo Guillermo Grau, jefe de la Sección Toxicología Ambiental y Ocupacional del Hospital Fernández y profesor adjunto de Toxicología en la UBA, coincide en la cautela. Explica que la IARC clasificó el glifosato como “probablemente carcinógeno” en 2015, mientras que las agencias regulatorias europea y estadounidense no lo consideran cancerígeno en las condiciones de uso autorizadas. “No es una contradicción”, aclara: una mide el peligro y las otras, el riesgo según la dosis.
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Sobre SPRINT, Grau valora el trabajo pero marca sus límites: “Es un estudio importante, pero describe a 73 voluntarios de una zona del sur bonaerense, no a la población argentina en general”. Y recuerda por qué hoy se mira con lupa la evidencia: está documentado que Monsanto participó en la redacción de una revisión del año 2000 presentada como independiente, que fue retractada en 2025. “Por eso hoy se exige evidencia independiente”.
Grau agrega dos advertencias. Los más expuestos son los aplicadores sin protección y quienes viven o estudian cerca de los lotes cuando no se respetan las distancias. Y el glifosato nunca viaja solo: se usa junto a otros herbicidas e insecticidas. “Hablar solo de glifosato simplifica una exposición que en realidad es a mezclas“.
Tampoco es fácil saber cuánta gente se intoxica. “Determinar glifosato en humanos no es algo disponible con facilidad. Por el contrario, sólo se encuentra disponible para estudios específicos”, explica Grau. Los equipos de salud deben notificar los casos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, pero esa notificación, “aunque obligatoria, es de bajo cumplimiento en los hechos, por lo menos para los eventos ambientales”.
Grau, de todos modos, pide no partir de la conclusión. Prefiere “evaluar cada compuesto por separado y con los datos sobre la mesa, que es lo que corresponde tanto a quien los cuestiona como a quien los defiende”.
¿Llega glifosato al mate que tomamos todos los días? Ninguno de los dos especialistas puede responderlo, y no por falta de interés. Nadie lo mide de forma sistemática.
Aparicio cita un estudio de 2022 que buscó glifosato y su derivado AMPA en muestras de yerba y no encontró restos por encima del límite que podía detectar. Otro trabajo estudió cuánto pasan 18 plaguicidas de la yerba a la infusión, pero no incluyó el glifosato. “No afirmaría que sabemos cuánto glifosato puede transferirse desde una yerba comercial hacia la infusión”, resume. Y propone lo que falta: un monitoreo sistemático de la yerba que se vende y de lo que llega al mate.
Grau tampoco conoce “datos concluyentes” sobre restos de glifosato en la yerba. Lo que sí tiene respaldo, señala, es otro riesgo: tomarlo a más de 65 grados, que la IARC asocia con el cáncer de esófago.
Petterson calcula que las consecuencias de la derogación en la yerba cosechada se verán en 2027 o 2028. La única forma de saberlo es buscarlo:
“Para saber qué ocurre en Misiones hay que medir en Misiones”, afirma la Dra. Aparicio
Lo que SPRINT sí enseña, dice, es que “vivir fuera del lote donde se aplica un producto no equivale necesariamente a ausencia de exposición“. En un territorio donde viviendas, chacras y escuelas están pegadas, las preguntas son concretas: qué sustancias se usan, en qué cantidades, a qué distancia de casas y escuelas, y qué aparece en el suelo, el agua, el polvo y los alimentos. Y no alcanza con medir el día de la aplicación: “Es importante conocer qué sucede cuando una población vive durante años en un territorio donde determinados productos se utilizan regularmente”.
La vuelta del glifosato coincide con otra discusión: quién vigila la calidad de lo que llega al paquete. El Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, junto al Senasa y la Secretaría de Agricultura, presentó un “reordenamiento normativo” del INYM: elimina sus registros propios, pasa parte de la fiscalización y el control de calidad al Senasa y permite que su presidente, Rodrigo Correa, firme convenios sin aval previo del directorio.
El 23 de septiembre, la subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control del instituto rechazó el proyecto por amplia mayoría, pero no lo archivó: sigue en estudio. Petterson asegura que hoy, en los hechos, la calidad ya quedó en manos de los molinos. Según él, en 2023 el INYM rechazó más de 90 cargas de yerba importada de Paraguay y Brasil por exceso de metales pesados, y hoy “no se rechaza una”.
“Ya lo que podían sacarle al productor ya le sacaron, el que pierde hoy es el consumidor“, dice.
Y advierte que un control repartido entre el Senasa y cada provincia termina en un vacío: “Terminás en un bache que nadie controla nada y viva la libertad y hagamos lo que queramos”.
La investigadora que produjo los datos está hoy al borde de quedar fuera del Estado. En 2023 el INTA suspendió una actividad prevista para devolver los resultados a los voluntarios y después se retiró del proyecto. Le abrió un sumario y, a fines de agosto, el Consejo Directivo habría avalado su exoneración, la sanción máxima.
Aparicio aclara que todavía no fue notificada formalmente: lo sabe de manera extraoficial, por el gremio APINTA. Prefiere no hablar de las imputaciones mientras el proceso siga abierto, pero sí de lo que deja su caso: “Me preocupa que un investigador joven pueda interpretar que existen preguntas que es mejor no formular o resultados que es mejor no comunicar”.
Sobre si la sancionan por lo que encontró, Aparicio elige no especular y describe “una secuencia documentable“: el INTA aprobó la participación argentina en SPRINT, se obtuvieron resultados, en 2023 se suspendió la devolución a los participantes, el organismo abandonó el proyecto y llegó el sumario. “Esos hechos pueden documentarse. Las motivaciones y responsabilidades deberán ser consultadas a quienes iniciaron y ratificaron el informe sumarial”.
Una de las acusaciones es no haber entregado los datos personales de los voluntarios. Ella no entra en el expediente, pero sí en el principio: esas personas donaron sangre, orina y materia fecal bajo un compromiso de confidencialidad. “Proteger la confidencialidad de los participantes no significa impedir el acceso a los resultados científicos”, explica. “Cuidar a quienes confían en una investigación es también cuidar la ciencia”.
Su caso ya salió del laboratorio. Para el martes 6 de octubre, asambleas ambientales, gremios y organizaciones científicas convocaron a la jornada “Todxs con Virginia” frente a la Catedral de Mar del Plata, “contra la persecución en ciencia, el desguace en el INTA y por el derecho a la salud”. La agenda incluye una conferencia de prensa a las 13.30 y una lectura pública de los resultados de SPRINT a las 15. Entre los convocantes están APINTA, Naranja Ciencia y Técnica, Paren de Fumigar, el Foro Ambiental Balcarce y la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la UNMdP. “Defender a la Dra. Aparicio es defender la libertad de investigación”, sostuvieron en la convocatoria.
Mientras tanto, ella dice que “continúo defendiendo mi trabajo y mis derechos por las vías institucionales, gremiales y legales disponibles”, y con su actividad científica.
Aparicio tampoco plantea un campo sin plaguicidas de un día para el otro. Prefiere otras preguntas: “¿Cuánto podemos reducir su utilización?, ¿cuáles podemos sustituir?, ¿en qué sistemas podemos prescindir de ellos? y ¿qué transformaciones productivas permiten disminuir la dependencia química sin trasladar todo el costo y el riesgo al productor?”.
Para quien produce en chico, advierte, “la transición no puede significar simplemente más trabajo, más costos y más riesgo económico”.
En Misiones, la pregunta que quedó abierta es justamente la que nadie formuló con datos: qué pasa con las familias que viven entre los yerbales y con el mate que llega a todo el país. Aparicio lo plantea sin tomar partido: “No deberíamos presumir las respuestas, ni para afirmar que existe determinado riesgo ni para afirmar que no existe. Deberíamos medirlo”.
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