“Los contratos truchos no van al escribano”: Espert pidió su sobreseimiento en la causa por lavado

Con un escrito de 65 páginas de fuerte contenido técnico y político, José Luis Espert solicitó formalmente su sobreseimiento o, de manera subsidiaria, el dictado de la falta de mérito en la causa que investiga un presunto delito de lavado de activos. La presentación, realizada ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro a cargo del juez Lino Mirabelli, busca desmontar el eje de la acusación impulsada por el fiscal Fernando Domínguez respecto del origen y la finalidad de una transferencia por 200.000 dólares recibida por el dirigente libertario.

La investigación judicial pone el foco en los fondos transferidos por la empresa Minas del Pueblo S.A., una firma vinculada al empresario rionegrino Federico “Fred” Machado, quien posteriormente fue juzgado y condenado en los Estados Unidos por delitos de lavado y fraude. Frente a la hipótesis fiscal de que el convenio celebrado entre las partes fue una “pantalla” para blanquear divisas, el exdiputado sostuvo de forma categórica que se trató del cobro legítimo por un trabajo de consultoría profesional y que ignoraba por completo cualquier actividad ilícita de su contratante.

El contrato de consultoría y la prueba documental

El corazón de la estrategia defensiva de Espert radica en demostrar la existencia real y la trazabilidad del servicio prestado. Según el descargo judicial al que accedió la prensa, el pago percibido correspondía al primer desembolso de un contrato marco valuado en un millón de dólares, cuyo objeto era reordenar el pasivo de una compañía minera y diseñar su plan estratégico a mediano y largo plazo.

Para respaldar su postura, la defensa incorporó una serie de elementos probatorios al expediente:

• Intercambio epistolar digital: Un total de 11 correos electrónicos cruzados entre mayo y septiembre de 2019, los cuales documentarían el origen, la negociación, la redacción final y la ejecución del convenio de servicios profesionales.

• Pericias tecnológicas: Una extracción informática forense acompañada de certificaciones notariales y mecanismos de validación técnica para acreditar la autenticidad de los mensajes.

• Testimoniales e informes: La solicitud de citación a declaración testimonial para los involucrados en las comunicaciones y la petición de informes a organismos públicos para demostrar que, en 2019, no pesaba ningún tipo de alerta sobre el contratante.

En uno de los pasajes más contundentes del texto, Espert enfatizó la transparencia con la que se registró el vínculo comercial: “¿De qué me acusan? De ‘lavar’ el pago de un contrato de consultoría. Un contrato firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino, verificable online por cualquiera, hoy. Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos”, sentenció.

La línea de tiempo y la situación de Fred Machado

Otro de los pilares de la defensa de Espert se apoya en el factor cronológico. La investigación internacional y las alertas sobre Federico Machado tomaron conocimiento público recién en abril de 2021, es decir, un año y medio después de la firma y ejecución de las contrataciones en cuestión.

A partir de este dato, el exdiputado cuestionó que se le pretenda exigir un conocimiento previo sobre investigaciones que revestían carácter reservado. “Machado era investigado en secreto por EE. UU. desde 2016, pero recién se supo en abril de 2021. Por eso siguió entrando y saliendo de países como si nada. ¿Y el único que ‘debía saberlo’ era yo?”, planteó la defensa.

Del mismo modo, el escrito responde a la recriminación fiscal sobre la falta de devolución del dinero una vez destapado el escándalo del empresario rionegrino. La representación legal sostuvo que los fondos correspondían a la contraprestación de un trabajo efectivamente realizado y que la contraparte jamás solicitó la restitución del monto. “¿Y saben cuánta plata volvió a Machado? CERO. Ni un dólar”, reafirmó Espert sobre el destino final del honorario cobrado.

La utilización del dinero y el argumento del “beneficiario final”

La fiscalía también puso la lupa sobre el destino que el exdiputado dio a los 200.000 dólares recibidos, señalando que los fondos habrían sido volcados a la adquisición de vehículos y a inversiones inmobiliarias como parte de un circuito de disimulación.

Espert rechazó este razonamiento al remarcar que todas las operaciones posteriores fueron efectuadas de manera bancarizada y registradas a su nombre. “Compré un auto en una concesionaria oficial, con factura, transferencia bancaria y certificación presentada en el registro público. Una operación habitual fue presentada como ‘lavado’”, argumentó en el descargo.

Finalmente, el escrito ataca la lógica misma del delito de lavado de activos estipulado en el artículo 303 del Código Penal, al señalar la incoherencia de alegar una maniobra de ocultamiento en la que el beneficiario final es la propia persona investigada. En la presentación ante Mirabelli, el dirigente apeló a la razonabilidad del planteo: “¿Entonces ‘lavé’ para mí? A ver si entiendo: ¿planifiqué todo al detalle —escribano, apostilla, correos, testigos— y justo me ‘descuidé’ en que la plata viniera de la cuenta de un tercero y sin factura? ¿El genio del crimen y el chapucero, la misma persona? Por favor”.

Con todos estos elementos sobre la mesa, la decisión de resolver la situación procesal de Espert queda en manos del juez Lino Mirabelli, quien deberá evaluar si decreta el sobreseimiento, la falta de mérito o da curso a nuevas medidas de prueba.