Peritajes telefónicos en la causa por el fentanilo adulterado revelaron menciones al ministro de Salud, Mario Lugones, sobre la postergación de controles a los laboratorios. Las exdirectivas de ANMAT e INAME pagaron fianza y la Justicia incautó registros ministeriales.
El expediente judicial incoado tras la distribución de unidades de fentanilo en mal estado —que provocó decenas de fallecimientos— sumó un nuevo capítulo al involucrar las esferas de decisión de la cartera sanitaria nacional. La detención preventiva de las exautoridades técnicas de la ANMAT y del INAME, dispuesta por la magistratura federal la Plata, derivó en el análisis de comunicaciones privadas donde se observan intercambios referentes al titular del área de Salud, Mario Lugones.
Los peritajes tecnológicos efectuados sobre los dispositivos incautados a las exfuncionarias sugieren que desde la cúpula institucional se realizaban consultas sistemáticas antes de ordenar la paralización de las líneas de producción de las firmas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Las indagatorias buscan determinar si existieron dilataciones deliberadas para posponer el retiro preventivo de los lotes defectuosos del circuito comercial.
En el plano procesal, las dos exdirectivas de los entes de contralor recuperaron la libertad de forma ambulatoria tras constituir garantización inmobiliaria por 75 millones de pesos cada una. En contraste, el responsable de las firmas elaboradoras permanece en prisión preventiva en un establecimiento penitenciario federal, habiéndose denegado sus peticiones de excarcelación por riesgo de entorpecimiento probatorio.
Paralelamente, la fuerza pública concretó el secuestro de los libros de visitas y registros de ingresos en la sede del Ministerio de Salud para comprobar eventuales audiencias privadas entre asesores oficiales y directivos de los establecimientos clausurados. Esta situación reactivó los debates en la Cámara de Diputados, donde bloques de la oposición impulsan iniciativas para reestructurar los protocolos de fiscalización farmacológica y restablecer la autarquía de los organismos reguladores.
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