A raíz de la compra de un departamento en su mismo edificio por parte de una sindicalista investigada, el Tribunal Oral Federal 2 exigió revisar el alcance de la pulsera electrónica de Cristina Kirchner y auditar sus movimientos.
A raíz de la compra de un departamento en su mismo edificio por parte de una sindicalista investigada, el Tribunal Oral Federal 2 exigió revisar el alcance de la pulsera electrónica de Cristina Kirchner y auditar sus movimientos.

El juez del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, requirió este miércoles una serie de medidas técnicas para determinar con precisión la localización de Cristina Fernández de Kirchner en el inmueble de la calle San José 1111, donde cumple condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La medida judicial busca certificar el alcance del sistema de monitoreo electrónico y verificar los registros de salidas hacia la terraza del edificio.
La decisión del magistrado, encargado de supervisar la ejecución de la pena en la causa Vialidad, respondió a la incorporación de antecedentes periodísticos sobre una causa penal paralela.
En dicho expediente, tramitado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 12, se investiga a la accionista María Soledad Calle y al exsecretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita.
El interés del tribunal radica en que María Soledad Calle adquirió recientemente una unidad en el primer piso del mismo inmueble, ubicada debajo del departamento que habita la exjefa de Estado.
Ante este escenario, el juez Giménez Uriburu solicitó al organismo regulador precisar si el dispositivo de vigilancia permite distinguir si la persona monitoreada se encuentra en la terraza, en otro piso o en un sector diferente de la propiedad.
La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica deberá detallar la extensión del radio de cobertura del equipo asignado. Asimismo, el informe tendrá que especificar si la señal emitida por la pulsera electrónica puede abarcar inmuebles linderos o la vía pública sin activar las alertas de incumplimiento del perímetro fijado por la Justicia.
La exmandataria cuenta con una autorización judicial concedida el 17 de septiembre de 2025 para acceder a la terraza del edificio una vez al día, en horario diurno entre las 6 y las 20 horas, por un lapso máximo de dos horas. El tribunal exigió que se le informen las fechas y los horarios exactos de cada egreso registrado hacia ese sector común del inmueble.
Paralelamente, el juez Giménez Uriburu requirió una certificación oficial sobre el estado del proceso promovido contra la firma Unión de Seccionales Metalúrgicas. En esa investigación se analiza la transferencia del 0,5% de los aportes sindicales de la Unión Obrera Metalúrgica hacia dicha empresa privada, operación que habría representado ingresos por aproximadamente 100 millones de pesos mensuales.
Querellantes de la causa que involucra al gremio metalúrgico solicitaron medidas cautelares sobre el departamento del primer piso para determinar si los fondos utilizados en su compra provienen de la presunta maniobra fraudulenta.
La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la exvicepresidenta fue confirmada por la Cámara de Casación en noviembre de 2024 y quedó firme el 10 de junio de 2025 tras el rechazo del recurso defensivo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El requerimiento de la Justicia plantea un debate central sobre los límites de la tecnología de geolocalización aplicada al arresto domiciliario. La efectividad de estos dispositivos en propiedades horizontales depende de la capacidad técnica para discernir desplazamientos verticales entre distintas unidades funcionales, un factor determinante para el control efectivo de la pena.
A raíz de la compra de un departamento en su mismo edificio por parte de una sindicalista investigada, el Tribunal Oral Federal 2 exigió revisar el alcance de la pulsera electrónica de Cristina Kirchner y auditar sus movimientos.
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