El Gobierno prorrogó el bono de $70.000 para jubilados de la mínima mediante el Decreto 824/2026. Al acumular 30 meses sin actualización, el adicional perdió un 70% de su valor real, generando una brecha mensual de $153.000 por beneficiario.
El Gobierno prorrogó el bono de $70.000 para jubilados de la mínima mediante el Decreto 824/2026. Al acumular 30 meses sin actualización, el adicional perdió un 70% de su valor real, generando una brecha mensual de $153.000 por beneficiario.
El Poder Ejecutivo nacional oficializó este lunes la prórroga del bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados correspondiente al mes de septiembre. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 824/2026, consolida un congelamiento que se extiende ininterrumpidamente desde marzo de 2024.
Los números clave del atraso en el bono previsional:
Monto congelado: Se mantiene fijo en $70.000 desde marzo de 2024.
Valor ajustado por inflación: Debería ascender a $223.148 durante septiembre.
Pérdida mensual: Genera un perjuicio directo de $153.148 para quienes cobran el haber mínimo.
Pérdida de peso: El bono pasó de representar el 52% del ingreso mínimo en marzo de 2024 al 15% en septiembre.
Debido a la falta de ajuste por inflación, el refuerzo económico perdió un 70% de su poder de compra real en comparación con su valor de origen. De haberse actualizado bajo la misma fórmula aplicada al resto de los haberes previsionales, el bono debería ser de $223.148 en el cobro de septiembre.
Esta brecha altera sustancialmente el ingreso total de los sectores más postergados. En lugar de percibir un piso de $498.633 ($428.633,20 de haber base más $70.000 de adicional), los jubilados con haberes mínimos deberían cobrar un total de $651.781 si se mantuviera la capacidad adquisitiva original del beneficio.
La decisión oficial de congelar el valor nominal del refuerzo busca diluir progresivamente el peso fiscal de este concepto sobre el gasto público. Mientras que en marzo de 2024 el bono representaba el 52% del haber mínimo, para el cobro de septiembre su incidencia cayó al 15%, acelerando el deterioro de los haberes más bajos.
El ajuste acumulado impacta sobre aproximadamente 4,5 millones de personas de todo el país. Este universo comprende a 3 millones de jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), junto a 1,5 millones de titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC).
Durante el transcurso de 2026, la pérdida frente a la canasta básica volvió a acentuarse. Entre enero y julio, mientras la inflación acumulada alcanzó un 19,3%, el haber mínimo total aumentó apenas un 17,3%. En el mismo período, la PUAM acumuló una suba del 16,6% y las PNC del 16,1%, profundizando el retraso.
La pérdida de poder adquisitivo por el congelamiento del bono ya escaló al plano de la Justicia ordinaria. En la causa “Varela Alberto c/ ANSeS”, la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social dictaminó que una pérdida superior al 15% torna la medida confiscatoria e inconstitucional.
El tribunal fundamentó su fallo en la violación de las garantías consagradas por el artículo 14 de la Constitución Nacional. La sentencia establece que la ANSeS debería recomponer el monto perdido a los beneficiarios afectados, otorgando la suma actualizada a todos los titulares que perciban la mínima.
Ante este escenario judicial adverso, el Poder Ejecutivo procedió a apelar la resolución ante la Corte Suprema. Sin embargo, la persistencia en congelar el importe nominal incrementa la eventual contingencia económica para el Estado ante la proliferación de nuevos reclamos individuales y colectivos.
De esta forma, la política de movilidad previsional mantiene a los haberes más bajos en una pérdida constante de ingresos. Sin un mecanismo de actualización periódica para los bonos, la brecha entre los haberes de la mínima y el costo de vida continuará profundizándose durante los próximos meses.
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