El sistema aerocomercial argentino ingresa en una fase de alta tensión tras la confirmación de una medida de fuerza de 48 horas impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La protesta, programada para extenderse durante este jueves 3 y viernes 4 de septiembre, alcanzará a más de 27 terminales aéreas en todo el territorio nacional, incluyendo las dos cabeceras de mayor tráfico del país: el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. La acción gremial, coordinada por el personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), incluirá asambleas, movilizaciones y la parálisis efectiva de tareas operativas en dos franjas horarias centrales por día: de 9 a 12 de la mañana y de 18 a 21 por la tarde.
Durante los lapsos fijados para las protestas, el esquema operativo habitual se verá severamente alterado, generando un cuello de botella que podría derivar en reprogramaciones, demoras prolongadas y cancelaciones masivas de vuelos comerciales. Para atenuar el impacto institucional pero garantizando la seguridad mínima, la entidad sindical precisó que únicamente se mantendrán operativos los vuelos sanitarios, de asistencia humanitaria, traslado de órganos y viajes oficiales. Fuera de las franjas horarias anunciadas, las operaciones continuarán con relativa normalidad, aunque las aerolíneas ya analizan modificar sus esquemas para evitar el colapso en los mostradores y en las áreas de embarque de los principales aeropuertos del país.
El trasfondo del reclamo hunde sus raíces en un abanico de desentendimientos acumulados entre la representación gremial y las autoridades del Poder Ejecutivo. Según denunciaron desde ATE, el Gobierno nacional incurre en incumplimientos sistemáticos de los acuerdos paritarios alcanzados en enero, congelando la liquidación de adicionales salariales ya pautados y negándose a reabrir la paritaria sectorial de la aviación civil. Esta parálisis de los haberes se da en un contexto económico severo, en el cual el gremio calcula una pérdida del poder adquisitivo superior al 40% para los trabajadores del Estado nacional desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, afectando de manera crítica a un plantel abocado a tareas estratégicas de fiscalización y seguridad aérea.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, responsabilizó directamente al Ministerio de Economía y a las autoridades aeroportuarias por las consecuencias que la medida cause en el cronograma habitual de los pasajeros. “Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores”, aseveró el dirigente. Aguiar enfatizó que el gremio notificó la protesta con la suficiente anticipación formal para que la administración central abriera canales de negociación, advirtiendo que “si no se abre una instancia de diálogo responsable y real, el conflicto se va a profundizar necesariamente”.
Más allá de la recomposición de los ingresos, la medida de fuerza pone la lupa sobre el marcado desfinanciamiento que afecta a las áreas operativas e inspectivas de la ANAC. En particular, el sindicato advertir sobre la delicada situación que atraviesa el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), donde la falta de partidas presupuestarias compromete el abastecimiento de herramientas esenciales y el mantenimiento del equipamiento contra incendios en las pistas. La paradoja expuesta por el gremio apunta al contraste entre la multimillonaria obra de remodelación y ampliación que se ejecuta en el Aeropuerto de Ezeiza y el paulatino desmantelamiento de los recursos asignados a la fiscalización y la seguridad operativa de las aeronaves que allí operan.
Ante el vencimiento de los plazos sin respuestas por parte de los funcionarios de Casa Rosada, el plenario sindical ratificó un pliego de tres demandas urgentes e impostergables: el pago inmediato de los coeficientes y adicionales acordados en el ámbito paritario, la apertura formal de la mesa salarial para el sector aéreo y la garantía de fondos suficientes para sostener las tareas de fiscalización e incendios. Desde la conducción de ATE remarcaron que el anuncio previo de la medida busca otorgarle previsibilidad a las empresas aéreas y a los usuarios para reorganizar sus itinerarios, pero advirtieron con firmeza que, de mantenerse el silencio oficial durante el desarrollo de las jornadas del 3 y 4 de septiembre, el plan de lucha se endurecerá con nuevas medidas de fuerza por tiempo indeterminado.