Un proyecto de ley del Poder Ejecutivo propondrá tasa cero de impuestos para las empresas que inviertan en rutas nacionales. El anuncio del Palacio de Hacienda apunta a reactivar 6.000 kilómetros mediante concesiones privadas en las provincias.
Un proyecto de ley del Poder Ejecutivo propondrá tasa cero de impuestos para las empresas que inviertan en rutas nacionales. El anuncio del Palacio de Hacienda apunta a reactivar 6.000 kilómetros mediante concesiones privadas en las provincias.
El Gobierno nacional formalizó el envío de un proyecto de ley al Congreso de la Nación para eximir de impuestos a las nuevas inversiones en infraestructura vial. La medida impulsada por el Ministerio de Economía busca trasladar al sector privado la administración y el mantenimiento de las carreteras, en un contexto marcado por el repliegue del gasto público.
Durante su participación en un foro empresarial en el barrio porteño de Retiro, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la norma propondrá una tasa cero para tributos nacionales y buscará la adhesión de las provincias y los municipios.
El funcionario sostuvo que la baja de la carga impositiva abaratara los costos de los proyectos, acelerará el inicio de las obras en 6.000 kilómetros de corredores y estimulará el empleo en la construcción.
El plan oficial se enmarca en la reestructuración de la Red Federal de Concesiones, tras la privatización de la empresa estatal Corredores Viales. Hasta el momento, el Ejecutivo licitó más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales en 16 tramos distribuidos en tres etapas, bajo contratos de concesión por 20 años que incluyen la operación, reparación y cobro de peajes.
El traspaso hacia la gestión privada coincide con indicadores oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad que señalan que el 57,5% de los kilómetros relevados en la red nacional presenta un estado malo o regular.
Al mismo tiempo, el presupuesto ejecutado por el organismo cayó un 79% en términos reales respecto de 2023, ubicándose en torno a los $563.000 millones.
La reducción de fondos públicos generó debate en el sector de la construcción debido al destino de las partidas específicas. Datos analizados por organizaciones civiles revelaron que el sistema SisVial, alimentado por el impuesto a los combustibles, recaudó más de $1,5 billones en dos años y medio, de los cuales $394.406 millones se asignaron a trabajos viales, mientras que el resto permaneció colocado en títulos públicos y plazos fijos.
Para que el beneficio impositivo resulte efectivo en todo el territorio nacional, el Poder Ejecutivo necesitará que los gobernadores y las intendencias promulguen leyes locales de adhesión.
Paralelamente, la Casa Rosada avanza en convenios para transferir tramos de rutas a las jurisdicciones provinciales, algunas de las cuales asumirán el mantenimiento con esquemas de financiamiento propio.
Las empresas adjudicatarias de los primeros ocho corredores licitados deberán comenzar los trabajos de conservación a partir de octubre en provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y el norte argentino, abarcando trazados por los que transita cerca del 80% del tráfico vehicular del país.
El éxito de la iniciativa dependerá de la capacidad de atraer capital privado sin financiamiento del Estado en rutas con menor tránsito. Resta por ver si la quita de impuestos resultará un incentivo suficiente para garantizar obras duraderas o si las tarifas de los peajes absorberán el costo final del servicio.
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