El Gobierno reglamentó la Ley de Régimen Penal Juvenil para menores de 14 a 17 años. La medida otorga al Ministerio de Justicia la coordinación del sistema, crea un registro de supervisores y establece comités interministeriales y federales.
El Gobierno reglamentó la Ley de Régimen Penal Juvenil para menores de 14 a 17 años. La medida otorga al Ministerio de Justicia la coordinación del sistema, crea un registro de supervisores y establece comités interministeriales y federales.

Mediante la firma del Decreto 875/2026, la administración nacional formalizó los aspectos procedimentales del nuevo marco legal que alcanza a los jóvenes de catorce a diecisiete años que incurran en ilícitos. La reglamentación encomienda a la cartera de Justicia la tutela integral del esquema, asignándole la tarea de confeccionar un nómina temporal de tutores profesionales —hasta la apertura de un padrón definitivo en un margen de medio año—, sobre la cual los magistrados intervinientes deberán seleccionar a los encargados de monitorear a los involucrados.
Esta determinación busca dar operatividad a la ley sancionada por el Congreso, estructurando el seguimiento técnico para garantizar la reinserción comunitaria y la formación ciudadana de los punibles.
Para articular las acciones entre los diferentes organismos estatales, el texto oficial dispuso el establecimiento de una junta interministerial con delegados de Justicia, Seguridad, Capital Humano y Salud. Este espacio coordinará estrategias conjuntas en materia preventiva, sanitaria y operativa, además de unificar los registros estadísticos.
En simultáneo, se oficializó la constitución de un fuero federal de concertación que convocará a referentes de todas las provincias, la Capital Federal y los máximos tribunales y fiscalías de la Nación, con el propósito de homologar los criterios de aplicación en toda la geografía argentina.
El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado tras conocerse los preocupantes datos de las evaluaciones internacionales. La gestión nacional atribuyó el deterioro educativo a las administraciones anteriores y defendió sus planes de alfabetización y matemática.
Los resultados de las evaluaciones PISA 2025 reflejan un nuevo retroceso para la Argentina en matemática, lectura y ciencias. El país quedó octavo en América Latina y registró sus niveles de aprendizaje más bajos en casi dos décadas.
Pagni explica cómo Milei aprovecha la ambigüedad de Trump sobre Malvinas para retomar la iniciativa política. Tras las denuncias petroleras y las paradojas con Israel y Elsztain, Santiago Caputo refuerza la caja de la SIDE con retórica nacionalista.
Un informe de la UIA reveló que el 47,6% de las industrias tuvo dificultades para afrontar sus pagos en julio. La morosidad total alcanzó un récord histórico del 9,2%, impulsada por la menor demanda, mayores costos y competencia desleal.
El exministro Hernán Lacunza advirtió que el rumbo económico actual podría facilitar el regreso del kirchnerismo. El referente del PRO marcó diferencias institucionales y productivas con el Gobierno y ratificó su intención de consolidar una candidatura propia para 2027.
El juez Ariel Lijo rechazó suspender la pericia sobre los audios atribuídos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El magistrado cuestionó el cambio de postura de la defensa y ratificó la continuidad del análisis sobre el material probatorio.
El Ministerio de Capital Humano atribuyó el deterioro educativo a las políticas de los últimos doce años de gestión kirchnerista. Tras el informe PISA, el Gobierno defendió sus Planes Nacionales de Alfabetización y Matemática para revertir el rezago histórico.
El Gobierno oficializó tres comandos unificados de seguridad para custodiar la visita del papa León XIV del 8 al 11 de noviembre. El operativo coordinará fuerzas federales e inteligencia en Buenos Aires, Luján, Claypole y Córdoba hasta 48 horas post-evento.