Una jueza de Lomas de Zamora suspendió por 60 días la baja de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires, a solo 48 horas de su entrada en vigencia, tras advertir que los institutos de menores sufrirán un colapso edilicio.
Una jueza de Lomas de Zamora suspendió por 60 días la baja de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires, a solo 48 horas de su entrada en vigencia, tras advertir que los institutos de menores sufrirán un colapso edilicio.
El fallo que paraliza la ley en la provincia
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, ordenó suspender por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en el territorio de la provincia de Buenos Aires. La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de los adolescentes privados de libertad.
En el fallo, Pascual sostuvo que incorporar al sistema penal a jóvenes de 14 y 15 años aumentará “considerablemente” la cantidad de menores detenidos, tanto por nuevos ingresos como por una mayor permanencia en los centros de encierro.
Frente a ese escenario, cuestionó si el Estado provincial cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables” para cumplir con los estándares de derechos humanos que rigen toda privación de libertad en la adolescencia.
La resolución recordó que el propio juzgado ya había fijado un tope de 60 plazas para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, debido a deficiencias edilicias. Aunque reconoció mejoras en aspectos como agua potable, alimentación y algunas estructuras, determinó que el sistema aún no alcanza el piso mínimo necesario para garantizar derechos básicos.
Pascual destacó que la falta de espacios adecuados para educación, formación laboral y reinserción incide directamente en la seguridad ciudadana. Advirtió que el hacinamiento de adolescentes “inevitablemente incrementa los niveles de inseguridad y violencia” dentro de los establecimientos y también cuando los jóvenes recuperan la libertad. Por eso, aplicó un criterio precautorio: intervenir antes de que se consolide una violación de derechos fundamentales.
La jueza fijó una audiencia para el 16 de septiembre a las 10 en la sede del tribunal de Lomas de Zamora. Allí deberán presentarse responsables de las principales áreas del Poder Ejecutivo provincial con injerencia en el tema.
El Ministerio de Seguridad bonaerense deberá detallar el protocolo de detención y traslado de menores. El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia tendrá que presentar el cupo real disponible en los institutos socioeducativos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia deberá exponer los planes de obra y los plazos para adaptar la infraestructura.
Además, el fallo consideró “imperioso” que esas áreas arbitren las medidas necesarias para efectivizar la suspensión dispuesta mientras dure la medida cautelar.
A nivel nacional, la Ley 27.801 estableció el nuevo Régimen Penal Juvenil y bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El Gobierno reglamentó la norma mediante el Decreto 875/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el jefe de Gabinete Diego Santilli.
El esquema prohíbe las condenas a prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de privación de libertad, que debe cumplirse en centros especializados y sin contacto con adultos.
También incorpora penas alternativas, como reparación del daño, tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento y monitoreo electrónico. Para financiar la implementación, el Congreso asignó una partida presupuestaria de $23.739.155.303,08.
El fallo generó una rápida reacción en el ámbito político. La senadora, Patricia Bullrich, cuestionó al gobernador Axel Kicillof a través de la red social X y acusó a la Justicia provincial de ser “garantista” y de dejar “vía libre” al delincuente. Sus dichos reflejan la tensión entre seguridad, derechos de los adolescentes y capacidad del Estado para cumplir con la nueva norma.
Con la aplicación de la ley suspendida de forma preventiva en Buenos Aires, la pregunta que queda abierta es cómo se resolverá la tensión entre el nuevo marco penal y las condiciones reales del sistema de alojamiento de adolescentes. ¿Podrá la provincia acreditar, en los próximos 60 días, que cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para cumplir con los estándares de derechos humanos que exige la normativa?
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