Comenzó en Río Cuarto el juicio contra María Eugenia Juárez por el homicidio de su hijo de 14 años. La primera audiencia estuvo marcada por el testimonio del padre de la víctima y pericias psiquiátricas que la declaran imputable.
Comenzó en Río Cuarto el juicio contra María Eugenia Juárez por el homicidio de su hijo de 14 años. La primera audiencia estuvo marcada por el testimonio del padre de la víctima y pericias psiquiátricas que la declaran imputable.
La Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Río Cuarto inició el juicio oral y público contra María Eugenia Juárez, de 48 años, imputada por el homicidio calificado por el vínculo de su hijo Aarón Benjamín Alaniz, de 14 años.
El tribunal, integrado con jurados populares, juzga el hecho ocurrido el 6 de agosto de 2025 en una vivienda del barrio Obrero, donde el adolescente falleció tras recibir 12 heridas de arma blanca. La acusada permanece detenida desde la noche del ataque y enfrenta una posible pena de prisión perpetua.
Durante la primera jornada del proceso, la declaración testimonial del padre de la víctima, Carlos Alaniz, aportó detalles sobre las horas posteriores al hecho. El testigo reconstruyó ante los jueces y el jurado la comunicación telefónica que mantuvo con la imputada inmediatamente después del suceso. Según sostuvo en su declaración, la mujer le solicitó que diera aviso a las fuerzas de seguridad para que se presentaran en el domicilio familiar.
El estado de salud mental de Juárez al momento de la agresión constituye el eje central de las discusiones entre las partes. La investigación incorporó como prueba documental una carta atribuida a la acusada, redactada de manera contemporánea al hecho, en la cual manifestaba la intención de quitarse la vida.
Esta evidencia motivó la realización de estudios interdisciplinarios durante la etapa de instrucción para establecer si la mujer padecía alguna alteración que le impidiera comprender la naturaleza de sus actos.
Los profesionales de la medicina psiquiátrica y la psicología que intervinieron en el expediente ratificaron en el recinto las conclusiones de sus informes. Las evaluaciones médicas determinaron que la imputada conservaba la capacidad para comprender la criminalidad de la conducta y dirigir sus acciones en el momento del ataque. La querella utiliza estos dictámenes para descartar la existencia de eximentes o atenuantes vinculados al contexto psíquico de la acusada.
El abogado querellante Cristian Irusta, representante legal del padre del menor, ratificó que solicitará la pena máxima prevista por el Código Penal. El letrado señaló en declaraciones a la prensa local que la representación de la víctima buscará acreditar la plena responsabilidad penal de la procesada, al considerar que las pruebas periciales descartan cualquier justificativo o atenuante en el accionar juzgado.
Tras la finalización de las declaraciones periciales y la exhibición de la prueba documental recolectada por los investigadores, el tribunal fijará la fecha para la presentación de los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa. La decisión final quedará a cargo del jurado popular y los jueces técnicos, quienes deberán dictar sentencia sobre la responsabilidad de la imputada.
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