El Gobierno no hará alianzas con los gobernadores que no voten a favor de suspender las PASO

El Gobierno argentino subordinó los pactos electorales con las provincias al respaldo en el Senado para suspender las PASO. Ante la falta de apoyos confirmados, la Casa Rosada explora alternativas parlamentarias en paralelo con el debate del presupuesto 2027.

Karina Milei y Patricia Bullrich en la Casa Rosada. Foto: NA

Exigencia de alineamiento en la Cámara Alta como requisito de convergencia electoral

El Poder Ejecutivo nacional estableció una premisa contundente: no se consolidará ninguna estructura de entendimiento político con los gobiernos subnacionales cuyo bloque de legisladores no respalde el desmantelamiento del esquema de primarias. La conducción ejecutiva del partido oficialista fijó esta postura ante el inminente tratamiento del proyecto en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Esta determinación busca forzar el acompañamiento de las bancadas aliadas e independientes en una negociación que la conducción parlamentaria oficialista reconoce como compleja dada la ajustada suma de apoyos asegurados en el recinto.

Exploración de alternativas normativas ante la resistencia parlamentaria

Frente a las barreras para obtener las adhesiones requeridas, en Balcarce 50 se analizan diversas vías reglamentarias que abarquen desde la cancelación temporaria de los comicios de selección hasta la transformación del formato en una instancia de voluntaria participación. Asimismo, las tratativas han considerado incorporar demandas de opositores dialoguistas, tales como ficha limpia o ajustes en el financiamiento partidario. Sin embargo, se han dejado de lado opciones como las colectoras, obligando al oficialismo a concentrar sus gestiones en destrabar la votación mediante concesiones directas.

Vinculación con la agenda presupuestaria y plazos fijados por las autoridades comiciales

El margen de maniobra institucional se encuentra severamente acotado por las advertencias de los organismos de control técnico, que estipulan que toda reforma a las reglas de juego debe sancionarse antes del inicio formal del año de los comicios. En este contexto, el debate sobre el régimen político discurrirá en paralelo con la discusión sobre el presupuesto de gastos, factor que el Gobierno prevé utilizar como palanca de negociación para destrabar el consenso definitivo antes de que concluya el período legislativo.

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