El proyecto de Presupuesto 2027 deroga puntos clave de la Ley de Emergencia y modifica el histórico régimen vigente. Se eliminarán los aranceles universales y el Certificado Único de Discapacidad ya no garantizará el acceso automático a las pensiones.
El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el presidente Javier Milei incluye un capítulo que encendió las alarmas de todo el arco opositor y las organizaciones sociales. El texto propone una reforma estructural y de fondo en el sistema nacional de prestaciones destinado a personas con discapacidad.
El dato explosivo: La iniciativa deroga aspectos históricos de la Ley 24.901 vigente desde 1997, desregulando el nomenclador básico, lo que obligaría a las familias a negociar los aranceles de los tratamientos directamente con cada prepaga u obra social.
La profunda modificación se encuentra detallada en el Capítulo VI del texto oficial, específicamente entre los artículos 36 y 41. Allí se plantea que el nuevo Nomenclador de Prestaciones Básicas “no incluirá valores universales”, reemplazando este esquema por un simple “piso mínimo prestacional”.
Según denunció el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), esta polémica redacción elimina la igualdad arancelaria entre obras sociales, prepagas y el Estado. En la práctica, esto generaría un sistema fragmentado donde cada prestador definirá unilateralmente los costos de cobertura de las terapias.
El otro gran pilar de la reforma libertaria apunta a reinstaurar un viejo modelo de “invalidez laboral”, modificando sustancialmente las reglas para percibir asistencia estatal. El proyecto elimina legalmente al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como una vía directa y garantizada de acceso a la pensión.
Además de endurecer considerablemente los requisitos de ingreso, el texto incorpora una estricta incompatibilidad entre el cobro de la pensión y la posibilidad de tener un empleo formal registrado o mantener activa una inscripción en el régimen de monotributo, sin importar la escala salarial.
Para el diputado peronista Juan Marino, esta jugada gubernamental representa un claro retroceso hacia un criterio médico anacrónico, abandonando por completo el modelo social de derechos humanos y dejando las condiciones de acceso sujetas a la total discrecionalidad reglamentaria del Poder Ejecutivo.
En caso de que el Congreso apruebe estos cuestionados artículos, los incrementos en los valores de las prestaciones ya no estarán atados de manera mensual a la movilidad jubilatoria. A partir de ahora, los aranceles del sector público deberán ser definidos trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad.
El documento oficial aclara que, si el Gobierno no efectúa los ajustes correspondientes en el período previsto, recién en esa instancia se utilizará como parámetro de referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Este nuevo mecanismo de cálculo elimina el vital estudio anual de costos por prestación, un instrumento que permitía incorporar a las tarifas los aumentos de insumos específicos no reflejados de manera precisa en el índice inflacionario general del Indec.
La iniciativa también deroga el fundamental artículo 8 de la ley de emergencia, el cual garantizaba la obligatoriedad de la cobertura médica total para los titulares de pensiones no contributivas, dejando en estado de vulnerabilidad a miles de afiliados y pacientes en todo el país.
Para la reconocida actriz Valentina Bassi, histórica activista por los derechos de las personas con discapacidad, la posible desregulación es sencillamente “letal”. En recientes declaraciones radiales, advirtió que cada familia estará obligada a negociar “tipo paritarias” el incalculable costo de los tratamientos esenciales de sus hijos.
Este polémico apartado del presupuesto choca frontalmente con la agenda de la Cámara de Diputados, que justamente debatía la imperiosa necesidad de prorrogar la ley de emergencia para frenar la alarmante crisis de aranceles y el consecuente cierre de numerosos centros terapéuticos a lo largo del país.
Frente a una inflación persistente y el alza del petróleo, la Reserva Federal de Estados Unidos subió este miércoles la tasa de interés a un rango de 3,75% a 4%. La decisión unánime frena las presiones de Donald Trump.
El proyecto de Presupuesto 2027 deroga puntos clave de la Ley de Emergencia y modifica el histórico régimen vigente. Se eliminarán los aranceles universales y el Certificado Único de Discapacidad ya no garantizará el acceso automático a las pensiones.
En apenas nueve años, el país registró un descenso récord en la cantidad de nacimientos. Frente a este fuerte cambio demográfico, especialistas advierten sobre los riesgos de postergar la maternidad y piden planificar la salud reproductiva tempranamente.
Peter Lamelas aseguró que trabaja arduamente para incluir a la Argentina en el Visa Waiver Program. Si el trámite prospera, los ciudadanos podrán viajar a Estados Unidos por turismo o negocios hasta por 90 días sin el trámite tradicional.
La joven influencer compartió imágenes inéditas de su producción para el esperado reality de cocina de Telefe. Tras lucir el clásico delantal blanco, generó una inmensa ola de apoyo y emoción entre todos sus fieles seguidores.
El conjunto xeneize eliminó a San Pablo y se prepara para enfrentar a Vasco da Gama. Será la cuarta vez que el club dispute esta instancia continental, donde registra un saldo positivo con dos títulos internacionales en su vitrina.
En medio del juicio contra el músico “Pity” Álvarez, Jacqueline Guzzardi reconstruyó las últimas horas de vida de su padre, Cristian Díaz. Durante su testimonio, reveló un impactante secreto familiar descubierto años después del trágico crimen en Villa Lugano.
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que frena las obras del proyecto Sea Lion, ubicado en la plataforma continental argentina, por la falta de un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
