Durante la jornada de este miércoles, las comisiones del Senado emitieron dictamen al proyecto oficialista que restringe los subsidios al gas en zonas frías. La propuesta busca reducir el gasto fiscal y reestructurar deudas eléctricas en diez provincias.
El dictamen para modificar el régimen de subsidios al consumo residencial de gas dio este miércoles un paso clave en el Senado. Tras obtener media sanción en Diputados, el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda aprobó la iniciativa sin cambios, dejándola en condiciones de ser debatida en el recinto la próxima semana.
Durante el plenario, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió el proyecto oficialista y cuestionó la ampliación aprobada durante la gestión anterior al señalar que “fue claramente una ley que buscó tener votos para las elecciones, pero que no tenía ninguna racionalidad”.
La funcionaria fundamentó la readecuación al argumentar que “tiene que haber subsidios para las familias que realmente lo necesitan, no puede haber subsidios generalizados”.
El nuevo esquema restringe el beneficio automático generalizado a la Patagonia, la Puna y Malargüe. En las zonas templadas e intermedias incorporadas en 2021, los usuarios deberán acreditar condiciones de vulnerabilidad socioeconómica mediante el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados, con un límite de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales.
A la par, la bonificación se aplicará únicamente sobre el precio del gas y no sobre el total facturado, dejando el cargo fijo y la distribución fuera del descuento. Frente a las objeciones sobre las subas, Tettamanti aclaró que “de ninguna manera una factura de $315.000 va a pasar a $500.000 por dejar de subsidiar el cargo fijo”, situando el incremento medio por el cargo fijo entre los $15.000 y $25.000 mensuales.
La postura oficial generó duras críticas en la oposición. El senador puntano, Fernando Salino, advirtió sobre el impacto en su provincia al afirmar que “en San Luis se va a incrementar el 55% la tarifa del gas”, afectando a casi 300 mil personas.
Asimismo, la senadora cordobesa, Alejandra Vigo, cuestionó la falta de transparencia del texto y el trato desigual entre provincias: “Mientras se condonan las deudas que las prestatarias de energía del AMBA mantienen con CAMMESA, se castiga el esfuerzo de nuestra empresa provincial de energía”.
Desde el bloque patagónico, el santacruceño, José María Carambia, tildó la iniciativa como “una forma alternativa de aumentar tarifas” y advirtió a sus pares de la región que “si un senador de la Patagonia vota a favor de esto, está votando a favor de que se aumenten las tarifas de gas”.
En el tramo técnico, el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Eduardo Sanfilippo, justificó el mecanismo de compensación para regularizar pasivos con CAMMESA: “Es importante que todos los entes provinciales hagan el traslado del costo de la electricidad a los usuarios, porque eso es lo que permite que las distribuidoras después puedan pagar”. La propuesta incluye además la prórroga de los beneficios fiscales de la Ley de Energías Renovables hasta 2045.
El oficialismo buscará tratar el proyecto en el recinto el jueves 24 de septiembre. ¿Se convertirá la focalización de subsidios en una solución fiscal duradera o terminará profundizando el malestar socioeconómico en los centros urbanos del interior
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