La Cámara platense desestimó los recursos de la empresa estatal y ratificó la cautelar que prohíbe modificar las condiciones del servicio ante la inminente privatización. El futuro de la licitación oficial quedó atado a la decisión de un juzgado nacional.
El plan del Gobierno nacional para transferir al sector privado el control de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) quedó condicionado por un nuevo cerrojo en los tribunales. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ratificó la vigencia de una medida cautelar que le impide a la compañía alterar, suspender o diferir cualquier obligación vinculada a la prestación del servicio, la continuidad de la infraestructura y la protección sanitaria.
El fallo impacta de lleno en el diseño de la licitación internacional autorizada por el Ministerio de Economía, cuyo objetivo es vender el 90% del paquete accionario estatal a un operador estratégico. La disputa judicial ya no gira en torno a la viabilidad de la venta, sino a las exigencias operativas que deberá heredar el futuro comprador. A partir de un planteo de la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Justicia exige garantías preventivas para evitar que el cambio de firma derive en un congelamiento de inversiones o en la degradación de la calidad del agua potable.
Para intentar despejar el camino y avanzar sin condicionamientos, el equipo legal de AySA había interpuesto recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, alegando una supuesta “gravedad institucional” y la ausencia de peligro en la demora. Sin embargo, los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez desestimaron la maniobra por unanimidad. El tribunal argumentó que las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas y subrayó que la empresa no logró demostrar circunstancias excepcionales que justificaran habilitar esa vía de revisión.
Pese a este revés para las intenciones del Ejecutivo, la contienda cambiará de escenario. Al tratarse de una firma de alcance nacional, la Justicia bonaerense se declaró incompetente para resolver la cuestión de fondo y derivó el expediente al Juzgado Federal N°2 de La Plata. Este nuevo fuero tendrá un plazo máximo de cinco días para definir si mantiene, modifica o levanta las restricciones operativas. De esa inminente resolución dependerá el margen de maniobra del oficialismo para concretar una de sus privatizaciones más emblemáticas.
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