La Argentina dio a Londres dos semanas para frenar la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte y anunció un arbitraje internacional. También ordenó sanciones contra Thales UK por vuelos no autorizados.
La Argentina dio a Londres dos semanas para frenar la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte y anunció un arbitraje internacional. También ordenó sanciones contra Thales UK por vuelos no autorizados.
El Gobierno argentino intimó formalmente este lunes al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, impida el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental que la Argentina considera propia.
La medida alcanzó al proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Según informó la Oficina del Presidente, la administración de Javier Milei también instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales para que inicien el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El objetivo del Gobierno consistió en detener la explotación de los recursos hidrocarburíferos y evitar que se otorguen nuevos permisos sobre los recursos naturales de la plataforma continental argentina.
El comunicado oficial indicó que, si el Reino Unido no cumple con la intimación dentro del plazo establecido, la Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos soberanos que reclama sobre la plataforma continental.
La Casa Rosada sostuvo que la explotación unilateral de los recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como en los espacios marítimos circundantes, resulta contraria al derecho internacional y genera un perjuicio “irreversible e irreparable” para los derechos de soberanía argentinos.
Como fundamento de su posición, el Gobierno citó la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según el comunicado, ese documento reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a buscar una solución pacífica mediante negociaciones.
También mencionó la Resolución 31/49, que pidió a los dos Estados abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso recomendado por la Asamblea General.
La Oficina del Presidente manifestó, además, su “rechazo categórico” a la respuesta del Reino Unido frente al discurso que Milei pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El texto oficial cuestionó que Londres denomine a las islas como “Territorio Británico de Ultramar” y recordó que el referéndum realizado en 2013 no fue reconocido internacionalmente. Según la posición argentina, esos hechos no modificaron la existencia ni el objeto de la disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.
Después de compartir el comunicado, Milei publicó en la red social X que, si el Reino Unido no frenaba la explotación en dos semanas, la Argentina recurriría al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. También acusó a Londres de realizar un “saqueo ilegal” de los recursos argentinos.
El Gobierno informó que detectó operaciones de la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea que une las Islas Malvinas con Punta Arenas, Chile. De acuerdo con el comunicado, los vuelos fueron realizados por una aeronave con matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas.
A raíz de esa situación, el Presidente ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas. La comunicación oficial no detalló qué vuelos fueron detectados, cuándo se realizaron ni cuáles serían las sanciones específicas.
La Argentina anunció así acciones simultáneas en los planos diplomático, jurídico y administrativo. El alcance concreto del arbitraje, la respuesta británica y las eventuales medidas del tribunal quedarán definidos durante las próximas etapas del procedimiento.
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