La justicia de Río de Janeiro ordenó el arresto preventivo de Agostina Páez, tras rechazar su pedido de regresar al país. La joven santiagueña, que ya utilizaba tobillera electrónica, fue trasladada a una comisaría local en medio de un proceso que su defensa califica como una “pena anticipada” y un caso ejemplificador.
El calvario judicial de Agostina Páez sumó este viernes su capítulo más dramático con su detención efectiva en la ciudad de Río de Janeiro. Cerca del mediodía, las autoridades brasileñas hicieron efectiva la orden de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal, apenas 48 horas después de que se iniciara el pedido formal. La medida se concretó a pesar de que la profesional de 29 años ya se encontraba bajo estricta vigilancia, cumpliendo con el uso de una tobillera electrónica y la prohibición absoluta de abandonar el territorio brasileño.
La detención se produjo poco después de que los tribunales de Brasil rechazaran un recurso de habeas corpus presentado por su abogado, Sebastián Robles. La defensa buscaba que Páez fuera autorizada a retornar a la Argentina para continuar el proceso de manera virtual, argumentando que no existía peligro de fuga debido al monitoreo constante. Sin embargo, los fiscales brasileños consideraron que las medidas cautelares previas “no demostraron ser suficientes para neutralizar el peligro procesal”, fundamentando así la necesidad del encierro preventivo.
Bajo la legislación actual de Brasil, el delito de injuria racial ha sido equiparado al de racismo, lo que implica una pena de dos a cinco años de prisión sin posibilidad de excarcelación bajo fianza. Este rigor técnico es el que mantiene a la joven santiagueña tras las rejas en una comisaría carioca, a la espera de ser trasladada a una unidad penitenciaria. Su entorno familiar manifestó una profunda desesperación, especialmente tras los llantos de Agostina en sus últimas comunicaciones, donde confesó estar “aterrada” y denunció haber recibido amenazas de muerte.
El abogado Robles advirtió que su defendida está siendo víctima de un uso “ejemplificador” de la justicia local debido al peso cultural que el racismo tiene en la sociedad brasileña. “Si no ha violado la medida de salir del país en los primeros días, no tendría por qué agravarse la situación”, señaló el letrado, quien sostiene que se están violando derechos internacionales al aplicar lo que considera una condena previa a la sentencia definitiva. Mientras tanto, la Embajada Argentina mantiene su asistencia legal, aunque el destino de Páez queda ahora en manos del juez Orlando Eliazaro Feitosa.
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