La Corte Suprema negocia con el Gobierno cubrir el 42% de vacantes judiciales para marzo. El plan busca acelerar juicios por corrupción y designar cargos críticos en el Senado, mientras se define la influencia oficialista en el Consejo de la Magistratura.
Tras el receso estival, el máximo tribunal de Justicia retoma sus actividades con una agenda marcada por la necesidad de dotar de estabilidad al sistema. El eje principal de las conversaciones con el Gobierno nacional gira en torno a la cobertura de las numerosas vacantes en los tribunales federales, una cifra que, según las estimaciones oficiales, superará el 40% durante este año. En la Corte existe un moderado optimismo respecto a que el Senado acelere el tratamiento de los pliegos a partir del próximo mes de marzo, basándose en la fluidez del vínculo actual con figuras clave del gabinete.
La administración central visualiza el envío de casi doscientos nombramientos de jueces como una herramienta política estratégica para dialogar con los mandatarios provinciales y los bloques legislativos. El paquete de negociaciones no solo incluye los dos asientos vacantes en la propia Corte Suprema, sino también cargos de relevancia institucional como el Procurador General, el Defensor General y el Defensor del Pueblo. Ante este escenario, la estrategia oficial apuesta a consolidar acuerdos con sectores del peronismo vinculados a gobernadores y con la Unión Cívica Radical, distanciándose de cualquier entendimiento directo con el núcleo duro del kirchnerismo.
Otro punto fundamental en la hoja de ruta de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti es la exhortación a los tribunales inferiores para agilizar las causas de corrupción. La mirada está puesta especialmente en el avance del juicio de “Cuadernos” y en las definiciones pendientes sobre el patrimonio de la exvicepresidenta tras su condena. No obstante, el equilibrio judicial también contempla el análisis de expedientes que afectan a figuras de la actual gestión, como el jefe de Gobierno porteño, demostrando un intento de paridad en el tratamiento de causas de alto impacto político.
Mientras se define el futuro del Ministerio de Justicia y la permanencia de sus actuales titulares, la atención se desplaza hacia el Consejo de la Magistratura. El organismo encargado de la designación y remoción de magistrados atraviesa un año de transición donde el Gobierno busca ampliar su injerencia. La disputa entre diferentes sectores del entorno presidencial por colocar figuras de confianza en el cuerpo —con nombres como Santiago Viola en el horizonte— será determinante para configurar el nuevo mapa de poder judicial, en un año donde los equilibrios de fuerzas tradicionales parecen haberse diluido.
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