Trabajadores del Indec protestan contra la suspensión del nuevo IPC, decidida por el Gobierno para enero. Mientras la Sociedad Argentina de Estadística advierte sobre la pérdida de credibilidad institucional, gremialistas presentaron una denuncia penal por abuso de autoridad e interferencia política.
El clima en el Instituto Nacional de Estadística y Censos se ha enrarecido ante la decisión del Poder Ejecutivo de suspender por tiempo indeterminado el lanzamiento de la actualización del IPC. En respuesta, los delegados de ATE convocaron a una protesta frente a la sede central del organismo, minutos antes de que se difundan los datos de inflación de enero procesados con la metodología antigua. La medida gremial, denominada “radio abierta”, busca denunciar lo que consideran una intromisión política sobre la autonomía técnica del ente, despertando comparaciones con épocas de intervención pasada en la medición de precios.
La negativa del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo a implementar el nuevo termómetro inflacionario —que ya había sido anunciado y presupuestado— derivó en la salida de Marco Lavagna y la asunción de Pedro Lines como director. Aunque Lines goza de prestigio profesional, su silencio ante las presiones gubernamentales genera incertidumbre, especialmente mientras una misión del Fondo Monetario Internacional supervisa las cuentas locales. Desde el seno del instituto, los especialistas advierten que el perjuicio a la reputación estadística ya es una realidad que afectará tanto a inversores como a ciudadanos que dependen de datos fiables para sus contratos y salarios.
La Sociedad Argentina de Estadística (SAE) emitió un duro comunicado expresando su inquietud por el mantenimiento de una estructura de gastos basada en encuestas de hace dos décadas, ignorando el trabajo técnico realizado durante años para modernizar el indicador. Para los expertos de la SAE, esta interferencia vulnera el derecho al acceso a la información pública y la transparencia estatal. El conflicto ya escaló al plano judicial con una denuncia penal presentada por dirigentes de ATE Neuquén, quienes acusan a las autoridades de abuso de funciones y violación de la fe pública al postergar una metodología que consideran más precisa para los acuerdos paritarios.
La ONG Dar es Dar reactiva su tradicional campaña presencial de recolección de abrigo, frazadas y leche en polvo para asistir a los sectores más vulnerables ante la llegada del invierno. Los voluntarios recibirán las donaciones en tres puntos de CABA.
La banca pública nacional presentó un “kit de soluciones” para deudores en medio de un récord de morosidad que golpea a millones de hogares. El plan permite unificar deudas bancarias y fintech con plazos extendidos y tasas de fomento.
El mandatario argentino prepara una nueva gira para conmemorar la emancipación norteamericana el 4 de Julio en Nueva York. Mientras el país digiere los tarifazos de junio, la parálisis legislativa y una severa recesión, el líder libertario prioriza la agenda de la Casa Blanca.
El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro clave en Casa Rosada con congresistas norteamericanos afines a Donald Trump. La reunión coincide con el freno al tratado internacional de patentes y el anuncio de un millonario desembolso del sector farmacéutico.
La Policía de Córdoba desalojó y trasladó a tres mujeres de la casa de Claudio Barrelier tras un violento allanamiento. El fiscal Raúl Garzón levantó el secreto de sumario, mientras las antenas telefónicas revelan que la menor abandonó la propiedad bajo sospecha.
El presidente Javier Milei apuntó contra Juan Román Riquelme tras la histórica eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores. El mandatario calificó de “desastre” la gestión oficialista y reflotó antiguas declaraciones sobre la conducción política del club.
Los títulos públicos avanzaron un 0,2% promedio y cerraron mayo con una mejora acumulada del 2%. El indicador de JP Morgan tocó mínimos en cuatro meses apuntalado por el fuerte salto en las reservas y el aval del FMI.
El gobierno bonaerense intimó a la empresa a modificar sus contratos tras detectar infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor. La firma de comercio electrónico posee cinco días para responder y enfrenta una sanción máxima de 1.815 millones de pesos.
