Tensión en el Indec por el freno oficial al nuevo índice de precios

Trabajadores del Indec protestan contra la suspensión del nuevo IPC, decidida por el Gobierno para enero. Mientras la Sociedad Argentina de Estadística advierte sobre la pérdida de credibilidad institucional, gremialistas presentaron una denuncia penal por abuso de autoridad e interferencia política.

INDEC. Foto: web.

El clima en el Instituto Nacional de Estadística y Censos se ha enrarecido ante la decisión del Poder Ejecutivo de suspender por tiempo indeterminado el lanzamiento de la actualización del IPC. En respuesta, los delegados de ATE convocaron a una protesta frente a la sede central del organismo, minutos antes de que se difundan los datos de inflación de enero procesados con la metodología antigua. La medida gremial, denominada “radio abierta”, busca denunciar lo que consideran una intromisión política sobre la autonomía técnica del ente, despertando comparaciones con épocas de intervención pasada en la medición de precios.

Crisis de confianza y recambio de autoridades

La negativa del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo a implementar el nuevo termómetro inflacionario —que ya había sido anunciado y presupuestado— derivó en la salida de Marco Lavagna y la asunción de Pedro Lines como director. Aunque Lines goza de prestigio profesional, su silencio ante las presiones gubernamentales genera incertidumbre, especialmente mientras una misión del Fondo Monetario Internacional supervisa las cuentas locales. Desde el seno del instituto, los especialistas advierten que el perjuicio a la reputación estadística ya es una realidad que afectará tanto a inversores como a ciudadanos que dependen de datos fiables para sus contratos y salarios.

El rechazo de la comunidad científica y acciones legales

La Sociedad Argentina de Estadística (SAE) emitió un duro comunicado expresando su inquietud por el mantenimiento de una estructura de gastos basada en encuestas de hace dos décadas, ignorando el trabajo técnico realizado durante años para modernizar el indicador. Para los expertos de la SAE, esta interferencia vulnera el derecho al acceso a la información pública y la transparencia estatal. El conflicto ya escaló al plano judicial con una denuncia penal presentada por dirigentes de ATE Neuquén, quienes acusan a las autoridades de abuso de funciones y violación de la fe pública al postergar una metodología que consideran más precisa para los acuerdos paritarios.

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