Gobiernos locales y propietarios privados en Estados Unidos bloquean los intentos del ICE por convertir almacenes en prisiones migratorias. Pese al presupuesto federal, la resistencia legal en varios estados y las protestas ciudadanas dificultan la logística del plan de deportaciones.
El plan estratégico de la Casa Blanca para ampliar la infraestructura de reclusión de extranjeros enfrenta una resistencia coordinada que trasciende la protesta callejera. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas experimenta severas dificultades logísticas al intentar adquirir naves industriales y terrenos debido a un bloqueo multifacético: gobernadores que promulgan leyes prohibitivas, alcaldes que revocan permisos y propietarios privados que, bajo presión social, rechazan ofertas millonarias. Este escenario ha convertido la búsqueda de alojamiento para los miles de nuevos arrestados en una disputa de soberanía territorial entre estados y el gobierno federal.
En Nuevo México, una reciente normativa veta el uso de espacios públicos para fines migratorios, mientras que en Misuri y Maryland se han congelado proyectos de rehabilitación de almacenes. A pesar de contar con un presupuesto de 45.000 millones de dólares para este despliegue, la agencia se topa con el dilema de la idoneidad técnica de los locales, que carecen de servicios básicos para albergar a miles de personas. Aunque el Ejecutivo defiende estas medidas como necesarias para la seguridad nacional, la negativa de ciudades clave a ceder recursos locales ha forzado al organismo a buscar alternativas en zonas remotas, intensificando el debate sobre el trato humanitario y el impacto económico en las comunidades anfitrionas.
Un informe de Argentinos por la Educación revela que la población de niños de 3 a 5 años cayó un 31% en una década. Con una reorganización de los recursos actuales, se podría garantizar vacantes casi totales en 2027 sin construir nuevas aulas.
La Cámara Civil ratificó la mudanza de la sede social a Pilar y anuló la designación de veedores del Gobierno nacional. Con este revés para la IGJ, los balances de la entidad quedan bajo órbita bonaerense.
Tras asegurar refuerzos de peso, el Merengue apunta todos sus cañones al volante argentino. Una megaoferta de Florentino Pérez sacude el mercado en pleno Mundial de fútbol.
Una falla técnica en la alimentación eléctrica paralizó los principales ramales de la línea Roca. Miles de pasajeros se vieron afectados en plena hora pico matutina y debieron colapsar las paradas de colectivos ante la falta de trenes a Constitución.
La secretaria general de la Presidencia analiza alternativas para desplazar al jefe de Gabinete ante las presiones aliadas por denuncias de corrupción. Mientras Patricia Bullrich exige definiciones rápidas, Javier Milei se atrinchera para proteger a su funcionario de confianza.
La ausencia de Axel Kicillof en la marcha en apoyo a Cristina Kirchner agudizó las tensiones con La Cámpora, desatando fuertes reproches cruzados. Frente a los desacuerdos por la conducción del espacio, el massismo reclamó preservar con urgencia la unidad opositora.
La Secretaría de Trabajo oficializó el nuevo sueldo mínimo de $367.800 para junio, con aumentos previstos para julio y agosto. La actualización apenas subió 1,32%, quedando rezagada frente a la inflación e impactando en el cálculo del seguro por desempleo.
La Universidad de Buenos Aires ratificó su liderazgo al mantenerse en el puesto 84 del ranking QS, siendo la única de Latinoamérica entre las cien mejores del mundo. Destaca en reputación y empleabilidad pese a la severa asfixia presupuestaria actual.
