Gobiernos locales y propietarios privados en Estados Unidos bloquean los intentos del ICE por convertir almacenes en prisiones migratorias. Pese al presupuesto federal, la resistencia legal en varios estados y las protestas ciudadanas dificultan la logística del plan de deportaciones.
El plan estratégico de la Casa Blanca para ampliar la infraestructura de reclusión de extranjeros enfrenta una resistencia coordinada que trasciende la protesta callejera. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas experimenta severas dificultades logísticas al intentar adquirir naves industriales y terrenos debido a un bloqueo multifacético: gobernadores que promulgan leyes prohibitivas, alcaldes que revocan permisos y propietarios privados que, bajo presión social, rechazan ofertas millonarias. Este escenario ha convertido la búsqueda de alojamiento para los miles de nuevos arrestados en una disputa de soberanía territorial entre estados y el gobierno federal.
En Nuevo México, una reciente normativa veta el uso de espacios públicos para fines migratorios, mientras que en Misuri y Maryland se han congelado proyectos de rehabilitación de almacenes. A pesar de contar con un presupuesto de 45.000 millones de dólares para este despliegue, la agencia se topa con el dilema de la idoneidad técnica de los locales, que carecen de servicios básicos para albergar a miles de personas. Aunque el Ejecutivo defiende estas medidas como necesarias para la seguridad nacional, la negativa de ciudades clave a ceder recursos locales ha forzado al organismo a buscar alternativas en zonas remotas, intensificando el debate sobre el trato humanitario y el impacto económico en las comunidades anfitrionas.
Se trata de Ari Larijani, según informó el Ministerio de Defensa de Israel.
Estados Unidos condicionó cualquier pacto económico con Cuba a la salida de Miguel Díaz-Canel. Washington busca forzar un relevo en la cúpula para implementar reformas de mercado, mientras el régimen explora sucesores ante la crisis energética y la presión externa.
Horacio Rodríguez Larreta presentó “Metrópolis”, su nueva corriente política para competir por la jefatura porteña en 2027. Con foco en el sur de la Ciudad, propuso una “segunda transformación” que incluye viviendas y obras sanitarias, diferenciándose del actual ajuste nacional.
Cristina Kirchner declara hoy en Comodoro Py por la causa Cuadernos, acusada de liderar una red de sobornos. Bajo arresto domiciliario, la exmandataria calificó el juicio de “farsa” y “show”, mientras el tribunal inicia la etapa presencial de las indagatorias.
Diego Santilli reactiva la negociación con gobernadores para impulsar la reforma política de 2026, que busca eliminar las PASO. Tras tensiones por la Argentina Week, el Gobierno ofrece discutir deudas de cajas jubilatorias provinciales a cambio de respaldo legislativo crítico.
El líder supremo de Irán nombró a Mohsen Rezai, exjefe de la Guardia Revolucionaria, como asesor militar. El funcionario posee una alerta roja de Interpol por su rol en el atentado a la AMIA de 1994, que dejó 85 muertos.
El Gobierno nacional ratificó su decisión de no intervenir en la causa $LIBRA, minimizando las filtraciones sobre presuntos pagos y chats de ministros. Mientras la Justicia investiga la divulgación de datos, la oposición en el Congreso exige informes a los funcionarios.
La ONU denunció la continuidad de torturas en cárceles venezolanas tras la caída de Maduro. Volker Türk exigió liberar a los detenidos arbitrariamente y criticó la opacidad de la amnistía dictada por Delcy Rodríguez, reclamando transparencia y acceso a los penales.
