Hugo Moyano cuestionó la regresividad del proyecto laboral

Hugo Moyano (hijo) rechazó la reforma laboral, calificándola como un retroceso sin beneficios para los trabajadores. Denunció que el proyecto precariza el empleo, desfinancia sindicatos y utiliza fondos previsionales para costear despidos bajo una falsa modernización.

Hugo Moyano (h)

En una entrevista exclusiva concedida a Infobae, el diputado nacional de Fuerza Patria y especialista en derecho del trabajo, Hugo Moyano (hijo), desglosó el paquete de reformas que el Senado someterá a votación este miércoles. El legislador fue categórico al afirmar que, tras analizar los 213 artículos que componen la propuesta de “modernización”, no halló ni un solo apartado que represente una mejora para la clase trabajadora. Según su visión, la iniciativa encubre una transformación estructural que perjudica tanto a empleados activos como a beneficiarios previsionales, alejándose de cualquier actualización tecnológica real.

Críticas al nuevo sistema de indemnizaciones y jornada

Moyano alertó sobre la introducción del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), calificándolo como un mecanismo que utiliza activos de la seguridad social para subsidiar los despidos que realicen las empresas. Asimismo, denunció la implementación del denominado “banco de horas”, una modalidad que, a su juicio, elimina el pago de horas suplementarias al permitir que los empleadores distribuyan la carga horaria semanal discrecionalmente. Para el abogado, estas medidas rompen la asimetría natural del vínculo laboral, dejando al trabajador en una posición de vulnerabilidad absoluta frente a las imposiciones del sector patronal.

Retroceso en derechos y debilidad sindical

El diputado subrayó que el proyecto resucita esquemas ya declarados nulos por la justicia, como el pago mediante tickets canasta, y advirtió sobre el “salario dinámico”, un concepto que permitiría retirar componentes del sueldo de forma arbitraria. Moyano argumentó que la ley infringe el principio de progresividad laboral y busca asfixiar financieramente a las organizaciones gremiales para minar su capacidad de negociación. Finalmente, comparó la actual coyuntura política con sucesos históricos de dudosa legalidad parlamentaria, sugiriendo que la aprobación de la norma podría estar ligada a transacciones de recursos con las administraciones provinciales.

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