Hugo Moyano (hijo) rechazó la reforma laboral, calificándola como un retroceso sin beneficios para los trabajadores. Denunció que el proyecto precariza el empleo, desfinancia sindicatos y utiliza fondos previsionales para costear despidos bajo una falsa modernización.
En una entrevista exclusiva concedida a Infobae, el diputado nacional de Fuerza Patria y especialista en derecho del trabajo, Hugo Moyano (hijo), desglosó el paquete de reformas que el Senado someterá a votación este miércoles. El legislador fue categórico al afirmar que, tras analizar los 213 artículos que componen la propuesta de “modernización”, no halló ni un solo apartado que represente una mejora para la clase trabajadora. Según su visión, la iniciativa encubre una transformación estructural que perjudica tanto a empleados activos como a beneficiarios previsionales, alejándose de cualquier actualización tecnológica real.
Moyano alertó sobre la introducción del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), calificándolo como un mecanismo que utiliza activos de la seguridad social para subsidiar los despidos que realicen las empresas. Asimismo, denunció la implementación del denominado “banco de horas”, una modalidad que, a su juicio, elimina el pago de horas suplementarias al permitir que los empleadores distribuyan la carga horaria semanal discrecionalmente. Para el abogado, estas medidas rompen la asimetría natural del vínculo laboral, dejando al trabajador en una posición de vulnerabilidad absoluta frente a las imposiciones del sector patronal.
El diputado subrayó que el proyecto resucita esquemas ya declarados nulos por la justicia, como el pago mediante tickets canasta, y advirtió sobre el “salario dinámico”, un concepto que permitiría retirar componentes del sueldo de forma arbitraria. Moyano argumentó que la ley infringe el principio de progresividad laboral y busca asfixiar financieramente a las organizaciones gremiales para minar su capacidad de negociación. Finalmente, comparó la actual coyuntura política con sucesos históricos de dudosa legalidad parlamentaria, sugiriendo que la aprobación de la norma podría estar ligada a transacciones de recursos con las administraciones provinciales.
La ONG Dar es Dar reactiva su tradicional campaña presencial de recolección de abrigo, frazadas y leche en polvo para asistir a los sectores más vulnerables ante la llegada del invierno. Los voluntarios recibirán las donaciones en tres puntos de CABA.
La banca pública nacional presentó un “kit de soluciones” para deudores en medio de un récord de morosidad que golpea a millones de hogares. El plan permite unificar deudas bancarias y fintech con plazos extendidos y tasas de fomento.
El mandatario argentino prepara una nueva gira para conmemorar la emancipación norteamericana el 4 de Julio en Nueva York. Mientras el país digiere los tarifazos de junio, la parálisis legislativa y una severa recesión, el líder libertario prioriza la agenda de la Casa Blanca.
El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro clave en Casa Rosada con congresistas norteamericanos afines a Donald Trump. La reunión coincide con el freno al tratado internacional de patentes y el anuncio de un millonario desembolso del sector farmacéutico.
La Policía de Córdoba desalojó y trasladó a tres mujeres de la casa de Claudio Barrelier tras un violento allanamiento. El fiscal Raúl Garzón levantó el secreto de sumario, mientras las antenas telefónicas revelan que la menor abandonó la propiedad bajo sospecha.
El presidente Javier Milei apuntó contra Juan Román Riquelme tras la histórica eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores. El mandatario calificó de “desastre” la gestión oficialista y reflotó antiguas declaraciones sobre la conducción política del club.
Los títulos públicos avanzaron un 0,2% promedio y cerraron mayo con una mejora acumulada del 2%. El indicador de JP Morgan tocó mínimos en cuatro meses apuntalado por el fuerte salto en las reservas y el aval del FMI.
El gobierno bonaerense intimó a la empresa a modificar sus contratos tras detectar infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor. La firma de comercio electrónico posee cinco días para responder y enfrenta una sanción máxima de 1.815 millones de pesos.
