La Justicia ordenó la captura de Claudio Uberti tras quedar firme su condena de cuatro años y medio de prisión. El exfuncionario fue sentenciado por el ingreso ilegal de casi 800.000 dólares en la valija del venezolano Antonini Wilson en 2007.
La Justicia ordenó la captura de Claudio Uberti tras quedar firme su condena de cuatro años y medio de prisión. El exfuncionario fue sentenciado por el ingreso ilegal de casi 800.000 dólares en la valija del venezolano Antonini Wilson en 2007.
Tras la ratificación de la condena por parte del máximo tribunal del país, la justicia federal solicitó la inmediata aprehensión de Claudio Uberti. El antiguo responsable del control de peajes debe afrontar una sentencia de cuatro años y medio tras las rejas, luego de que se agotaran todas las instancias de apelación. La orden fue emitida por la magistrada Sabrina Namer, quien supervisa la ejecución de la pena, aunque hasta las primeras horas de hoy el paradero del sentenciado era desconocido para las fuerzas de seguridad.
La causa se remonta a agosto de 2007, cuando se descubrió un bolso con casi 800.000 dólares sin declarar en una terminal aérea. El dinero era transportado por el empresario Guido Antonini Wilson, quien arribó al país en un vuelo oficial junto a Uberti. Investigaciones posteriores, reforzadas por declaraciones ante autoridades extranjeras, sugirieron que los fondos provenientes de Caracas estaban destinados a financiar estructuras políticas locales. Mientras Uberti aguarda ser localizado, el empresario venezolano continúa fuera del alcance de la justicia argentina.
Uberti no solo fue una pieza clave en este episodio, sino que también cobró relevancia como colaborador en otras investigaciones sobre retornos en la obra pública, donde admitió maniobras de recaudación ilegal. Junto a él, la Corte Suprema también dejó firmes las penas para varios agentes aduaneros que facilitaron o intentaron omitir los controles aquella madrugada. La resolución judicial desestimó los últimos recursos presentados por las defensas, cerrando así un capítulo judicial que se extendió por casi dos décadas y que involucró a altos mandos de la gestión gubernamental de aquel entonces.
Javier Milei iniciará una extensa gira internacional por España, Paraguay, Estados Unidos y Francia para eludir la tensión política local. El Presidente buscará inversiones tecnológicas y energéticas, asistirá a la cumbre del Mercosur y participará de festejos oficiales en Norteamérica.
El gobierno porteño licitó la instalación de baños, cafeterías y Wi-Fi en dieciséis grandes parques mediante inversiones privadas de u$s4,6 millones. El proyecto otorga concesiones por cinco años sin costos estatales, buscando mejorar la seguridad y comodidad urbana.
El PRO ratificó su autonomía y se proyecta como alternativa presidencial para 2027 tras cuestionar la gestión de Manuel Adorni. La conducción macrista busca superar internas pasadas, mientras el oficialismo advierte que una división electoral beneficiaría indirectamente al kirchnerismo.
Lula da Silva participó en la cumbre del G7 en Francia para diversificar mercados frente a los aranceles de Trump. El mandatario brasileño buscó alianzas con Japón y Europa, posicionándose como líder del Sur Global en la defensa de materias primas.
Pagni define a Adorni como el papel de tornasol de una “casta libertaria” que evade y justifica la corrupción. Detalla el “super RIGI” de impunidad en Comodoro Py y cómo el arresto de Leal hizo caer el millonario acuerdo aeroportuaria con Eurnekian.
Domingo Cavallo cuestionó la coherencia del plan económico de Milei debido a la confrontación política. El exministro reclamó eliminar impuestos distorsivos como las retenciones agropecuarias para superar la recesión, y advirtió que frenar la inversión en infraestructura es perjudicial.
El diputado argentino Juan Marino denunció la expulsión forzada de una comitiva humanitaria en La Paz, tras ser retenida por autoridades bolivianas. La delegación planeaba investigar denuncias de represión bajo la gestión de Rodrigo Paz, y recurrirá a organismos internacionales.
El Gobierno nacional eliminó mediante decreto las instancias de impugnación ciudadana previas para nominar jueces de la Corte Suprema, argumentando duplicación con el Senado. La medida quita exigencias de paridad de género y federalismo para agilizar la cobertura de vacantes judiciales.
