La Justicia ordenó la captura de Claudio Uberti tras quedar firme su condena de cuatro años y medio de prisión. El exfuncionario fue sentenciado por el ingreso ilegal de casi 800.000 dólares en la valija del venezolano Antonini Wilson en 2007.
La Justicia ordenó la captura de Claudio Uberti tras quedar firme su condena de cuatro años y medio de prisión. El exfuncionario fue sentenciado por el ingreso ilegal de casi 800.000 dólares en la valija del venezolano Antonini Wilson en 2007.

Tras la ratificación de la condena por parte del máximo tribunal del país, la justicia federal solicitó la inmediata aprehensión de Claudio Uberti. El antiguo responsable del control de peajes debe afrontar una sentencia de cuatro años y medio tras las rejas, luego de que se agotaran todas las instancias de apelación. La orden fue emitida por la magistrada Sabrina Namer, quien supervisa la ejecución de la pena, aunque hasta las primeras horas de hoy el paradero del sentenciado era desconocido para las fuerzas de seguridad.
La causa se remonta a agosto de 2007, cuando se descubrió un bolso con casi 800.000 dólares sin declarar en una terminal aérea. El dinero era transportado por el empresario Guido Antonini Wilson, quien arribó al país en un vuelo oficial junto a Uberti. Investigaciones posteriores, reforzadas por declaraciones ante autoridades extranjeras, sugirieron que los fondos provenientes de Caracas estaban destinados a financiar estructuras políticas locales. Mientras Uberti aguarda ser localizado, el empresario venezolano continúa fuera del alcance de la justicia argentina.
Uberti no solo fue una pieza clave en este episodio, sino que también cobró relevancia como colaborador en otras investigaciones sobre retornos en la obra pública, donde admitió maniobras de recaudación ilegal. Junto a él, la Corte Suprema también dejó firmes las penas para varios agentes aduaneros que facilitaron o intentaron omitir los controles aquella madrugada. La resolución judicial desestimó los últimos recursos presentados por las defensas, cerrando así un capítulo judicial que se extendió por casi dos décadas y que involucró a altos mandos de la gestión gubernamental de aquel entonces.
Al menos 20 muertos y cerca de un centenar de atrapados provocó el colapso nocturno de una estructura arrasada por bombardeos previos en Tal al-Hawa, donde diez familias buscaban refugio ante la escasez de viviendas.
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