El Poder Ejecutivo suprimió las instancias de impugnación civil previas al Senado para la designación de magistrados

El Gobierno nacional eliminó mediante decreto las instancias de impugnación ciudadana previas para nominar jueces de la Corte Suprema, argumentando duplicación con el Senado. La medida quita exigencias de paridad de género y federalismo para agilizar la cobertura de vacantes judiciales.

Javier Milei y Juan Bautista Mahiques. Foto: OPRA.

El escenario de designaciones de la magistratura nacional experimentó un giro reglamentario decisivo mediante una nueva normativa del Poder Ejecutivo que desmantela los mecanismos de auditoría comunitaria vigentes desde las reformas institucionales de principios de siglo. La medida, oficializada mediante su publicación en la gaceta gubernamental a mitad de junio, anula la etapa de recepción de objeciones académicas y observaciones civiles bajo la tutela del Ministerio de Justicia, un filtro que antecedía tradicionalmente al debate parlamentario para las vacantes de la Corte Suprema y las jefaturas de los ministerios públicos. De acuerdo con los fundamentos esgrimidos por la administración central, la supresión de estos pasos administrativos busca evitar duplicaciones procedimentales innecesarias con las audiencias públicas que obligatoriamente lleva a cabo la Cámara Alta, agilizando el trámite en un contexto donde un tercio de los despachos federales permanece desocupado.

La reconfiguración legal prescinde de las pautas de ponderación ligadas al equilibrio regional, la pluralidad de género y la especificidad técnica en la conformación del máximo tribunal de la Nación, criterios que guiaban las postulaciones presidenciales desde hace más de dos décadas. El nuevo marco normativo coincide con la aprobación legislativa de setenta y cuatro expedientes para cubrir diversos cargos en juzgados y fiscalías de todo el territorio, un avance sustancial para la estructura de la justicia penal y federal que antecede a las postergadas definiciones sobre los pliegos de los principales candidatos a la cúspide tribunalicia. La disposición ministerial, refrendada por el titular de la cartera de Justicia en el marco de sus actividades internacionales ante organismos financieros, prescindió de la rúbrica de la jefatura de Gabinete y se produce en paralelo a acontecimientos de fuerte contenido simbólico, como la reciente restitución de la máxima autoridad de control fiscal en la provincia de Santa Cruz tras treinta años de litigio normativo.

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