El Gobierno nacional eliminó mediante decreto las instancias de impugnación ciudadana previas para nominar jueces de la Corte Suprema, argumentando duplicación con el Senado. La medida quita exigencias de paridad de género y federalismo para agilizar la cobertura de vacantes judiciales.
El escenario de designaciones de la magistratura nacional experimentó un giro reglamentario decisivo mediante una nueva normativa del Poder Ejecutivo que desmantela los mecanismos de auditoría comunitaria vigentes desde las reformas institucionales de principios de siglo. La medida, oficializada mediante su publicación en la gaceta gubernamental a mitad de junio, anula la etapa de recepción de objeciones académicas y observaciones civiles bajo la tutela del Ministerio de Justicia, un filtro que antecedía tradicionalmente al debate parlamentario para las vacantes de la Corte Suprema y las jefaturas de los ministerios públicos. De acuerdo con los fundamentos esgrimidos por la administración central, la supresión de estos pasos administrativos busca evitar duplicaciones procedimentales innecesarias con las audiencias públicas que obligatoriamente lleva a cabo la Cámara Alta, agilizando el trámite en un contexto donde un tercio de los despachos federales permanece desocupado.
La reconfiguración legal prescinde de las pautas de ponderación ligadas al equilibrio regional, la pluralidad de género y la especificidad técnica en la conformación del máximo tribunal de la Nación, criterios que guiaban las postulaciones presidenciales desde hace más de dos décadas. El nuevo marco normativo coincide con la aprobación legislativa de setenta y cuatro expedientes para cubrir diversos cargos en juzgados y fiscalías de todo el territorio, un avance sustancial para la estructura de la justicia penal y federal que antecede a las postergadas definiciones sobre los pliegos de los principales candidatos a la cúspide tribunalicia. La disposición ministerial, refrendada por el titular de la cartera de Justicia en el marco de sus actividades internacionales ante organismos financieros, prescindió de la rúbrica de la jefatura de Gabinete y se produce en paralelo a acontecimientos de fuerte contenido simbólico, como la reciente restitución de la máxima autoridad de control fiscal en la provincia de Santa Cruz tras treinta años de litigio normativo.
En vísperas del diálogo político en Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó a las operadoras de internet restablecer el acceso web a diez portales de noticias independientes restringidos durante años.
Motivada por desacuerdos con sus compañeros de panel y superposición de horarios, Eliana Guercio renunció a su cargo de panelista en el programa A la Barbarossa, emitido por la pantalla de Telefe.
Con 44 votos a favor y 23 en contra, el Senado convirtió en ley Inocencia Fiscal II, una iniciativa que flexibiliza el régimen simplificado de Ganancias y facilita la regularización tributaria.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos ubicaron la desocupación en el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026. La expansión del trabajo informal y el cuentapropismo absorbieron el impacto en el mercado laboral.
Tras anunciar un plan de reestructuración en la Quinta de Olivos, el Gobierno transfirió el control de la residencia a la Casa Militar para elevar estándares de seguridad. La medida disolverá la administración civil en 60 días y generó cesantías de personal.
Durante una nueva audiencia del juicio Cuadernos, el Tribunal Oral Federal 7 proyectó imágenes del allanamiento de 2018 al departamento de Cristina Kirchner en Recoleta, donde un jefe policial ratificó la existencia de puertas blindadas pese a las quejas de la defensa.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la economía argentina se contrajo 0,6% en el segundo trimestre de 2026 frente al período anterior. El retroceso responde al debilitamiento del consumo y la inversión interna.
El tipo de cambio oficial cerró con una baja de $3,50 mientras el Banco Central desacelera la compra de reservas. Las proyecciones del Presupuesto fijan la divisa en $1.600 para fin de año y anticipan un avance moderado hacia 2027.
