La reforma laboral en debate reduce los plazos de licencia paga y recorta los salarios por enfermedad o accidentes ajenos al trabajo. Los empleados percibirán entre el 50% y 75% de sus haberes, según la voluntariedad del riesgo asumido.
La reforma laboral en debate reduce los plazos de licencia paga y recorta los salarios por enfermedad o accidentes ajenos al trabajo. Los empleados percibirán entre el 50% y 75% de sus haberes, según la voluntariedad del riesgo asumido.
El debate de la reforma laboral en la Cámara Alta ha puesto el foco en una de las modificaciones más polémicas: la reconfiguración del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El nuevo articulado propone un cambio de paradigma en la protección del empleado ante incidentes o dolencias que no guardan relación con sus tareas laborales. A diferencia del sistema vigente, el proyecto oficial establece reducciones en los haberes percibidos durante el periodo de inactividad, vinculando el monto del salario a la naturaleza de la actividad que originó el problema de salud.
La normativa introduce una distinción inédita basada en la “voluntariedad” del riesgo. Si un trabajador padece una afección derivada de una acción consciente que ponga en peligro su integridad —como podría ser una lesión practicando un deporte recreativo—, su remuneración se verá reducida a la mitad del sueldo básico. Por el contrario, si el infortunio ocurre de manera fortuita y sin mediar una exposición deliberada al peligro, el beneficio salarial se fijará en un 75%. Esta medida rompe con el esquema actual, donde el trabajador percibe la totalidad de sus ingresos sin importar las circunstancias del accidente inculpable.
Otro eje central de la reforma es el recorte en la duración de las licencias pagas. El esquema propuesto elimina los plazos extensos de hasta un año que rigen actualmente para empleados con mayor antigüedad. En su lugar, se establece un máximo de tres meses para quienes no tengan familiares a cargo y se extiende hasta los seis meses para aquellos que sí posean cargas legales. Esta simplificación del cronograma de beneficios busca, según el espíritu de la ley, aliviar los costos operativos de las empresas, trasladando parte de la contingencia económica al propio trabajador.
El proyecto también endurece los requisitos formales para validar las ausencias. Se vuelve obligatorio el aviso inmediato al empleador detallando el paradero del trabajador, bajo riesgo de perder el derecho al cobro. Asimismo, los certificados médicos deberán contar con firma digital y diagnósticos precisos. En situaciones donde existan contradicciones entre el médico particular y el control patronal, se prevé la intervención de juntas médicas oficiales o institutos privados de alta trayectoria, cuyos costos deberán ser cubiertos por la parte empleadora.
El expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou reaparecerá el 9 de agosto para el 190° aniversario del Partido Nacional. En medio del desgaste del gobierno de Orsi, se espera un discurso de estadista que reorganice a la oposición hacia 2029.
La Justicia Federal rechazó frenar el peritaje de voz a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS. El juez determinó que recolectar un patrón biométrico no viola la garantía contra la autoincriminación y ordenó continuar la prueba en la causa por presuntas coimas.
El histórico tratado minero argentino-chileno se reactivó en Buenos Aires para evaluar proyectos de cobre en San Juan. El acuerdo de casi tres décadas aprovecha los yacimientos de un país y la infraestructura portuaria del otro, afrontando disparidades competitivas locales.
El Banco Central intervino fuertemente en julio con más de 1.000 millones de dólares en futuros y bonos para estabilizar el dólar. Esta estrategia busca mitigar las expectativas de devaluación e incentivar la liquidación de divisas del sector agroexportador argentino.
Un operativo de ICE en Maine resultó en la muerte de un colombiano de 26 años con permiso laboral. La agencia alegó legítima defensa ante un intento de atropello, pero el hecho provocó protestas locales y una investigación del FBI.
Volkswagen evalúa recortar otros 50.000 empleos globales para mejorar su competitividad, sumando un ajuste histórico de 100.000 puestos. El plan también contempla reducir su producción anual de automóviles y evaluar la viabilidad de cuatro de sus plantas clave en Europa.
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