Un estudio británico reveló que uno de cada siete afectados desarrolla traumas psicológicos graves. El aumento de ingresos hospitalarios y el ausentismo laboral impulsan la necesidad de endurecer las leyes sobre el uso de correas en espacios públicos.
El impacto de un ataque canino trasciende la curación de los tejidos. Según una investigación basada en reclamos legales en Inglaterra y Gales, el 15% de las víctimas recibió un diagnóstico formal de enfermedad mental, incluyendo trastorno de estrés postraumático (TEPT) y fobias específicas. Este panorama sanitario se agravó por el incremento de ingresos hospitalarios en el Reino Unido, los cuales pasaron de 4,7 por cada 100.000 personas en 1998 a 18,7 en 2023.
Los datos demostraron que la mayoría de los incidentes ocurrieron con perros que no estaban sujetos. En espacios públicos, el 86% de los percances involucraron animales sin correa, a pesar de estar bajo la supervisión de sus dueños.
Esta falta de control físico derivó no solo en lesiones físicas, sino en un fenómeno de ausentismo laboral significativo: más del 56% de los afectados debió abandonar sus actividades profesionales por periodos que, en casos extremos, alcanzaron los cinco años.
La vulnerabilidad se distribuyó de manera desigual según el contexto. Los repartidores representaron el 28% de los mordidos, generalmente atacados al realizar entregas en domicilios donde el animal escapó por la puerta principal.
Por otro lado, las mujeres mostraron el doble de probabilidades que los hombres de sufrir incidentes sin mordedura, como atropellos o caídas que resultaron en fracturas y daños en ligamentos.
En los menores de 14 años, la tendencia cambió de escenario. La mayor parte de las agresiones pediátricas sucedió dentro del hogar y por animales conocidos. Los niños de entre 5 y 9 años sufrieron las consecuencias más severas, con heridas recurrentes en el rostro y el cuello debido a su estatura y comportamiento impulsivo.
Pese a la gravedad de las secuelas, como ataques de pánico y ansiedad, el acceso a tratamiento especializado fue escaso. Los registros indicaron que el sistema de salud priorizó la atención de urgencia física, dejando las necesidades psíquicas en un segundo plano. Expertos sugirieron que el uso de tecnologías como la realidad virtual podría ser una alternativa ética para la desensibilización sistemática de las víctimas.
Ante la evidencia, los investigadores propusieron actualizar el marco legal para obligar el uso de correas de longitud fija, menores a dos metros, en todas las vías públicas y parques urbanos.
Actualmente, el Código de Circulación solo ofrece recomendaciones, lo que limita la capacidad disuasoria de las autoridades locales.
El líder supremo de Irán nombró a Mohsen Rezai, exjefe de la Guardia Revolucionaria, como asesor militar. El funcionario posee una alerta roja de Interpol por su rol en el atentado a la AMIA de 1994, que dejó 85 muertos.
El Gobierno nacional ratificó su decisión de no intervenir en la causa $LIBRA, minimizando las filtraciones sobre presuntos pagos y chats de ministros. Mientras la Justicia investiga la divulgación de datos, la oposición en el Congreso exige informes a los funcionarios.
La ONU denunció la continuidad de torturas en cárceles venezolanas tras la caída de Maduro. Volker Türk exigió liberar a los detenidos arbitrariamente y criticó la opacidad de la amnistía dictada por Delcy Rodríguez, reclamando transparencia y acceso a los penales.
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En el estadio Presidente Perón, la ´Academia´ venció al equipo cordobés y escaló a la sexta posición.
