El presidente Javier Milei envió al Parlamento un proyecto para penalizar a las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas sin autorización. La iniciativa también incluye modificaciones en Defensa, Código Penal y crea un Consejo de Seguridad Nacional.
El Gobierno nacional envió en las últimas horas un extenso proyecto de ley al Parlamento argentino para su inmediato tratamiento legislativo. La iniciativa oficial fue bautizada como “Ley de defensa de la soberanía nacional” y busca proteger irrenunciablemente los derechos soberanos sobre todo el territorio.
El dato explosivo: El principal objetivo de la medida es aplicar nuevas sanciones administrativas y penales a las compañías que exploten recursos naturales en la zona sin habilitación.
A través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, el Gobierno convocó a la dirigencia a poner una pausa a otras discusiones legislativas. El Ejecutivo solicitó máxima celeridad para tratar este proyecto que considera prioritario para la agenda política nacional.
En este llamado a la unidad, la administración nacional remarcó que todos los argentinos reconocen en Malvinas una verdadera causa nacional. Aseguraron que la eventual recuperación del archipiélago representa una promesa irrenunciable que cada generación hereda de la anterior.
Esta nueva normativa ingresada al Congreso cuenta con más de 40 páginas y lleva la firma del presidente Javier Milei junto a varios de sus ministros. Acompañaron el texto el canciller Pablo Quirno y los titulares de Defensa, Carlos Presti; Economía, Luis Caputo; e Interior, Diego Santilli.
Uno de los puntos más destacados e innovadores del proyecto es la creación del Sistema de Seguridad Nacional, el cual estará regido por un Consejo homónimo. Este organismo articulará de forma constante las funciones diplomáticas, económicas, de defensa, jurídicas y de inteligencia estatal.
El documento legislativo establece con precisión que este nuevo Consejo estará dirigido directamente por el presidente Javier Milei. Su función principal será elaborar una Política de Seguridad Nacional integral para proteger las infraestructuras críticas del país frente a posibles amenazas externas.
Entre los miembros permanentes del flamante organismo estarán el jefe de Gabinete, el Canciller, ministros y titulares de las Secretarías de Inteligencia y Legal y Técnica. En caso de detectar acciones que afecten al país, este grupo directivo podrá restringir operaciones de cambio de divisas o aumentar temporalmente los derechos aduaneros.
Desde la Casa Rosada indicaron que la legislación actual en esta materia, como la ley de Hidrocarburos sancionada en 2011, resultó totalmente ineficaz para defender la causa Malvinas. Por lo tanto, el oficialismo buscará derogarla de manera definitiva para implementar un régimen sancionatorio muchísimo más duro.
La premisa fundamental de la Casa Rosada es agravar severamente las penas contra quienes hacen negocios ilegítimos en nuestro territorio, incluyendo a sus respectivos accionistas y proveedores. El proyecto afirma contundentemente que las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos constituyen parte integrante e indiscutible del territorio nacional.
Además de las inhabilitaciones convencionales, el proyecto establece la creación de un Régimen de Desistimiento y Regularización. Aquellos infractores que incumplan la ley podrán adherirse pagando una contundente multa económica para lograr el cese inmediato de las sanciones penales dictadas en su contra.
Cabe recordar que, en junio pasado, el Gobierno ya había declarado como “ilegítimas y clandestinas” las tareas de diversas plataformas petroleras. Las empresas extranjeras apuntadas en aquel momento por operar sin aval en la cuenca fueron Rockhopper, Desire Petroleum, Argos Resources, Falkland Oil and Gas y Borders & Southern Petroleum.
El extenso documento también propone modificar el controvertido Título V de la Ley 23.554 de Defensa Nacional para ampliar las funciones de prevención y disuasión ante riesgos, amenazas y desafíos. Esta nueva redacción introducida por el oficialismo brinda cierta ambigüedad en los permisos para el accionar de las fuerzas nacionales.
En paralelo, se busca introducir el artículo 111 al Código Penal para encarcelar con penas de 5 a 12 años a quienes alteren procesos electorales financiados por Estados extranjeros. Esta grave sanción penal incluye a todos aquellos individuos que manipulen la opinión pública mediante campañas organizadas de desinformación masiva.
La dura medida penal también recaerá con todo su peso sobre aquellas personas que, respondiendo a intereses de organizaciones extranjeras, promuevan actos de violencia extrema o sabotaje directo contra el propio Estado argentino.
Finalmente, el proyecto oficialista busca prohibir estrictamente que los partidos políticos nacionales reciban cualquier tipo de financiamiento de personas extranjeras sin residencia permanente. Además, crea el Registro Público de personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET) para sancionar con prisión y multas a quienes faciliten armas, explosivos, transporte o dinero a estos grupos ilícitos.
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