El oficialismo busca aprobar el nuevo Régimen Penal Juvenil entre reclamos por falta de presupuesto y críticas de la oposición que advierten sobre un enfoque centrado únicamente en el castigo y no en la prevención social.
El oficialismo busca aprobar el nuevo Régimen Penal Juvenil entre reclamos por falta de presupuesto y críticas de la oposición que advierten sobre un enfoque centrado únicamente en el castigo y no en la prevención social.
La Cámara de Diputados inició este jueves el tratamiento del proyecto de Reforma Penal Juvenil, una de las iniciativas centrales de la agenda legislativa del Gobierno. El debate, que se desarrolla en una sesión especial, propone modificar el régimen vigente de 1980 para establecer la responsabilidad penal desde los 14 años en delitos graves.
Mientras el bloque oficialista defiende la medida como una respuesta a la demanda social de justicia, diversos sectores de la oposición cuestionan la viabilidad técnica y financiera de la propuesta.
La diputada nacional, Laura Rodríguez Machado, como miembro informante del oficialismo, calificó la normativa actual de “ineficiente e injusta”. Según explicó, el nuevo régimen incorpora estándares internacionales y establece un sistema de 51 artículos con sanciones proporcionales. Además, la legisladora subrayó que la privación de la libertad será la “última ratio” y que se prohíbe estrictamente el alojamiento de menores junto a adultos.
Por su parte, el diputado mendocino Álvaro Martínez sostuvo que la ley busca terminar con un modelo que “protegía al delincuente” y permitía el reclutamiento de jóvenes por bandas criminales.
Uno de los ejes más polémicos de la jornada fue la asignación de recursos para la aplicación efectiva del sistema. El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto cuestionó que el presupuesto de 23 mil millones de pesos sea insuficiente para construir los establecimientos de reclusión necesarios, cuyo costo de construcción estimó en 7 mil dólares por metro cuadrado.
En sintonía, el legislador Oscar Herrera de Innovación Federal exigió acuerdos específicos con las provincias para garantizar que los fondos se destinen realmente a programas de atención y no se conviertan en “moneda de cambio política”.
Desde la oposición, la diputada Victoria Tolosa Paz, rechazó la iniciativa al considerarla “marketing punitivo“. Afirmó que el contacto temprano con el sistema penal perjudica el desarrollo de los adolescentes y criticó la ausencia de políticas de educación y salud mental en el proyecto.
Asimismo, la legisladora Natalia de la Sota, señaló que la ley no soluciona la inseguridad de fondo, ya que el Estado falló previamente al retirarse de los territorios vulnerables donde avanza el narcotráfico.
El proyecto fija un tope de 15 años para las penas de prisión y establece medidas alternativas como la reparación del daño y tareas comunitarias. De obtener la media sanción, la normativa pasará al Senado para su revisión definitiva, previendo un plazo de seis meses para su implementación en todo el territorio nacional.
¿Podrá un cambio en la edad de imputación resolver la inseguridad estructural sin asegurar primero los recursos para la resocialización efectiva de los jóvenes?
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